Con motivo del Día del Trabajador, el Grupo de Trabajo de Género, Diversidad Afectivo-Sexual y Salud de la SEE alerta de que las mujeres siguen asumiendo los costes del cuidado en forma de menor salario, peor salud y pensiones más bajas
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2024, más del 91% de las personas ocupadas que trabajaban a tiempo parcial para cuidar eran mujeres
La SEE exige que la desigualdad de género deje de ser una cuestión privada y propone reforzar el sistema público de cuidados, revisar los modelos retributivos y proteger los derechos de las trabajadoras en situación de mayor vulnerabilidad
Martes, 28 de abril.– La Sociedad Española de Epidemiología (SEE), a través de su Grupo de Trabajo de Género, Diversidad Afectivo-Sexual y Salud, ha emitido un posicionamiento con motivo del 1 de mayo, Día del Trabajador, en el que advierte de que la desigualdad laboral de género es un problema central de salud pública.
La sociedad científica subraya que las condiciones de empleo, el nivel de ingresos, el tiempo disponible y el acceso a apoyos para cuidar son determinantes sociales de la salud. Cuando estas condiciones se distribuyen de forma desigual, generan un mayor riesgo de enfermedad, sobrecarga física y mental, y vulnerabilidad económica, especialmente para las mujeres.
La penalización acumulativa de los cuidados
El principal problema que señala la SEE es que las mujeres asumen de manera desproporcionada el sostenimiento cotidiano de la vida. Esta dedicación se traduce en una penalización acumulativa: menores salarios, menor capacidad de ahorro, desgaste de la salud y peores trayectorias de cotización y pensión.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman esta brecha estructural. En 2024, de las 417.400 personas ocupadas que trabajaron a tiempo parcial para cuidar a dependientes el 91,4% (381.700) eran mujeres. Además, el 39,9% de las mujeres se concentró en los tramos salariales más bajos (menos de 1.582 euros mensuales), frente al 20,7% de los hombres.
Esta desigualdad supone, según estimaciones de ClosinGap, un coste de oportunidad superior a 95.000 millones de euros anuales para la economía española.
“La aparente conciliación se logra con demasiada frecuencia a costa del tiempo, la salud y la carrera profesional de las mujeres”, advierten desde la SEE, recordando que menores ingresos implican mayor inseguridad frente a la enfermedad o el envejecimiento.
Desigualdades agravadas por la clase, el origen y la identidad
El documento también destaca que estas desigualdades no afectan por igual a todas las mujeres, sino que se intensifican en función de factores como la clase social, el origen o la identidad de género.
Las trabajadoras migrantes, especialmente en el empleo doméstico, sufren formas extremas de precariedad y desprotección. Por su parte, las mujeres con identidades de género no normativas enfrentan barreras severas: el 77% de las mujeres trans ha sufrido discriminación al buscar empleo, lo que aumenta su riesgo de exclusión social.
A esto se suma la persistencia de entornos laborales inseguros: según el INSST, el 28,4% de las mujeres ha sufrido acoso sexual en el trabajo, siendo el agresor un hombre en casi el 90% de los casos, lo que constituye un grave problema de salud laboral.
Insuficiencia del sistema público de dependencia
La SEE advierte que la insuficiencia estructural del sistema público de dependencia desplaza el cuidado hacia los hogares, feminizando y privatizando esta labor. A 31 de diciembre de 2025, 258.167 personas seguían en lista de espera con un tiempo medio de 341 días, y 32.704 personas fallecieron ese año sin haber podido acceder al sistema. “Cuando el cuidado se privatiza, se feminiza. No hay igualdad efectiva cuando cuidar obliga a perder salario, poder adquisitivo y pensión. No hay salud pública de calidad cuando el sistema compensa sus déficits con el desgaste invisible de las mujeres”, señalan las expertas.
Demandas prioritarias para una igualdad efectiva
Ante esta situación, la Sociedad Española de Epidemiología reclama reforzar el sistema público de cuidados y dependencia, garantizando financiación suficiente y reducción de demoras. Asimismo, planteaimpulsar la corresponsabilidad empresarial y administrativa, valorando el cuidado en el desarrollo profesional, y proteger el salario y la cotización durante los periodos de cuidado para evitar la consolidación de la desigualdad.
Por otro lado, propone revisar los sistemas retributivos que premian el presentismo y la disponibilidad ilimitada, e integrar la perspectiva de género en la salud laboral, abordando los riesgos psicosociales y el acoso sexual.
Por último subraya la necesidad de garantizar derechos plenos para trabajadoras migrantes y del sector doméstico; así como de incorporar indicadores de género, clase y origen en la evaluación de políticas laborales, de conciliación y de dependencia.
