El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) ha tenido conocimiento de la Orden firmada el 27 de julio de 2026 por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, que deja sin efecto, desde el día siguiente a su firma, el régimen de uso establecido en el convenio de 23 de febrero de 1970 y lo sustituye por una concesión demanial de 25 años limitada a una parte del inmueble de la calle Santa Isabel, 51, propiedad del Estado y declarado Bien de Interés Cultural.
La decisión modifica profundamente la utilización de la sede histórica del Colegio. De acuerdo con la Orden, numerosos espacios emblemáticos de la planta baja y del sótano -1 pasan a ser de uso exclusivo del Museo Nacional Cajal, entre ellos el vestíbulo de Santa Isabel, las aulas Cajal y Gregorio Marañón, las galerías, el Pequeño Anfiteatro, la Sala de Prensa y distintos archivos y almacenes. El Gran Anfiteatro, el Patio Cajal y el acceso principal pasan a ser espacios compartidos, cuyo uso por el ICOMEM queda condicionado a la conformidad previa del Museo. El Colegio conserva el uso del Aula Jiménez Díaz, el Espacio del Niño Perdido y las plantas segunda, tercera y altillo, así como la explotación de la cafetería y la cocina.
Durante más de medio siglo, el ICOMEM ha gestionado, conservado, mantenido y mejorado la zona histórico-artística del edificio, destinándola a la formación médica, a la actividad colegial y a otras funciones y actividades de interés no solo colegial sino también público. Además, el Colegio ha realizado una inversión cercana a 11 millones de euros en infraestructuras y equipamientos para modernizar la sede en los últimos 6 años, reconocida y valorada por el Ministerio, y asumida bajo la legítima previsión de recuperar y amortizar dicha inversión durante los años necesarios para amortizarla. El nuevo régimen no solo reduce de forma sustancial los espacios disponibles, sino que impone importantes limitaciones y obligaciones: restricciones a la cesión y utilización de dependencias, autorización previa para determinadas obras y actividades, inventario y custodia de bienes muebles, asunción de gastos sobre los espacios concedidos y la posibilidad de extinción inmediata de la concesión, sin indemnización, por razones de interés público.
El ICOMEM apoya plenamente la creación y dignificación del Museo Nacional Ramón y Cajal y la preservación y difusión del legado de Santiago Ramón y Cajal. Sin embargo, rechaza que un objetivo cultural que comparte se articule mediante una decisión unilateral que menoscaba la autonomía y la capacidad de funcionamiento de una corporación de derecho público. La protección del legado de Cajal y el respeto a la historia, la actividad y las inversiones realizadas por el Colegio son perfectamente compatibles y deberían haber conducido a una solución negociada, proporcionada y equilibrada y que no fuera unilateralmente impuesta.
La coincidencia temporal de esta decisión con la oposición pública, firme y sostenida del ICOMEM respecto al Estatuto Marco genera una legítima preocupación. Por ello, el Colegio exige al Ministerio una explicación clara sobre el procedimiento seguido, la necesidad y proporcionalidad de la medida y las razones por las que no se ha alcanzado previamente un acuerdo que garantice la convivencia de ambas instituciones.
La Junta Directiva ha encargado un análisis jurídico urgente de la Orden y ejercerá las acciones administrativas y judiciales que resulten oportunas para defender los intereses del Colegio y de sus colegiados. Asimismo, solicitará una reunión inmediata con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y convocará una Asamblea General extraordinaria a comienzos de septiembre, abierta a todos los colegiados, en la que se informará con total transparencia de la situación jurídica creada por la Orden, de las actuaciones y medidas de defensa que se adopten y del estado de las cuentas del Colegio, incluida la repercusión económica de esta decisión.
