No puedo estar más de acuerdo con el Tribunal Supremo cuando defiende que cesar al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos estuvo fuera de la ley. ¿El motivo? Es de sobra conocido. Según recoge la sentencia, no fue admisible la «interferencia gubernativa y menos si la magistrada había ordenado absoluta reserva y que sólo se le informase a ella».
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal hace referencia a la investigación que se abrió en 2020 al delegado del Gobierno en Madrid por permitir la manifestación por el Día de la Mujer el 8 de marzo. Era un momento crítico. Los contagios por el covid estaban ya descontrolados.
En ese asunto, los agentes dependientes de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil, cuyo máximo responsable era Pérez de los Cobos, asumió la labor de investigación como policía judicial.
Tanto el Ministro del Interior, Grande-Marlaska, como la entonces directora general de la Benémerita, Maria Gámez, aplicaron cruelmente cirugía fina. Le reprocharon a Pérez de los Cobos que no informara previamente de la existencia del informe que se entregó a la instructora. En ese informe se apuntaba a una presunta responsabilidad penal del entonces delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco. Grande-Marlaska, abrazado a una excusa pueril y burda, lo cesó fulminantemente.
Pero la sentencia del Tribunal Supremo es lapidaria contra el Gobierno y a favor de la Guardia Civil. «No cabe cesar a quien no formaba parte de esa Unidad y pretextar para ello ‘no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento».
Por otro lado, el tribunal califica la orden de Grande-Marlaska de confusa y de redundante. Es evidente. Si se esperaba del coronel que informase es obvio que era con con fines de conocimiento; es decir, para conocer algo que se desconocía y que apareció en la prensa.
Para los magistrados, la causa invocada por el Ministerio del Interior para cesarle de su puesto «es ajena a una inidoneidad sobrevenida para el cargo, como lo prueba que la iniciativa de cese no procediera de los mandos y no responde a una valoración negativa de la profesionalidad e idoneidad» de Pérez de los Cobos.
Esta sentencia implica que el Ministerio del Interior tiene un plazo máximo de dos meses para restablecer a Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid, además de a pagarle la cantidad que ha dejado de percibir por el cargo.
Dicho de otro modo, y utilizando un lenguaje coloquial, de nuevo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho un pan como unas tortas. Pero lo grave no es esto, que ya se sabía que iba a terminar así.
Lo más grave es, de nuevo, la imagen de la Guardia Civi, por un lado, y el honor del propio Coronel Pérez de los Cobos. ¿Quién restituye y limpia estas imágenes? Ya sabemos que no serán ni Grande-Marlaska ni Gamez. Pero alguien tendrá que limpiar la imagen impoluta de un servidor del orden público y de la Institución a la que pertenece.
Como dijo el novelista inglés C. S. Lewis, nos reímos del honor y luego nos sorprendemos de encontrar traidores entre nosotros.
Para la Guardia Civil, valores como deber y honor son sus enseñas más nobles. Otros, por el contrario, llevan tatuadas las enseñas de las vendetas y las tradiciones. Por eso es absolutamente necesario que se restituya al Coronel Perez de los Cobos al mando de la Comandancia de Madrid hoy más pronto que mañana. Es de justicia. Pero también hay que restablecer su honor. Y esto pasa por una dimisión. La del propio Grande-Marlaska. Claro que para dimitir hay que tener algo que sí tiene el coronel y no tiene el ministro. Le llaman dignidad.
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