“Eliminación de la violencia contra las mujeres: una prioridad de salud pública”.
Autoría: Blanca Obón-Azuara, Carmen Vives-Cases, Christian Gil-Borrelli, Isabel Gutiérrez-Cía. En nombre del Grupo de Trabajo sobre Género, Diversidad Afectivo-Sexual y Salud (GEyDIS) de la Sociedad Española de Epidemiología.
La violencia contra las mujeres (VCM) constituye una emergencia de salud pública y una violación sistemática de los derechos humanos: afecta a 1 de cada 3 mujeres a lo largo de su vida y tiene graves consecuencias para la salud a corto y más largo plazo (1). A nivel mundial, en 2023, al menos 51.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por su pareja o familiares (140 muertes diarias) (2). Concretamente en España, se han documentado más de 1.300 feminicidios desde 2003, con alta carga asistencial, judicial y social (4-6).
La VCM contra las mujeres no es un problema individual ni aislado: tiene raíces estructurales y patriarcales, y exige respuestas políticas sostenidas basadas en derechos humanos. Negar la dimensión estructural y de género de esta violencia y reemplazar su nombre por “violencia intrafamiliar”, o restringir los derechos sexuales y reproductivos, pone en riesgo la salud, la vida y la autonomía de millones de mujeres y niñas. Estas políticas regresivas, alejadas de la evidencia y del marco legal internacional (Convenio de Estambul, recomendaciones del Consejo de Europa) (7,8), tiene impactos medibles: mayor letalidad por violencia de pareja, más complicaciones obstétricas y mayor deterioro de la salud mental y física.
En EEUU, con un entorno legal restrictivo sobre aborto, se ha documentado una mayor letalidad por violencia de pareja y una peor salud materna (9-10). Además, se han denunciado situaciones de acoso y recortes en la financiación que también afectan a la investigación, programas de prevención y recursos de atención socio-sanitarios. Todas estas medidas ponen en riesgo los avances logrados hasta ahora, aumentando la vulnerabilidad de mujeres y niñas.
Sin embargo, la VCM es prevenible si se garantiza una respuesta multisectorial, interseccional y basada en datos. El Sistema Nacional de Salud debe ser capaz de detectar, atender y acompañar, mediante una formación continua, protocolos claros y coordinación interinstitucional. La defensa de los derechos sexuales y reproductivos es una cuestión legal pero también una herramienta esencial de salud pública. Además, es un contexto de oportunidad de promoción de intervenciones con un enfoque de equidad social, que resulta esencial en este tema en el que también se han evidenciado los efectos negativos de las desigualdades sociales en el riesgo de victimización, consecuencias y acceso a los recursos de apoyo formal (11).
Desde el GT de Género, Diversidad Afectivo-Sexual y Salud de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), consideramos urgente establecer políticas públicas basadas en evidencia, con un enfoque interseccional comprometido con la vida y la salud de las mujeres. Por ello establecemos las siguientes recomendaciones.
Recomendaciones
1. Nombrar correctamente para intervenir eficazmente manteniendo los términos de “violencia de género” y el término “violencia contra las mujeres” en la legislación, las estadísticas y las políticas públicas (7),(8),(12),(13).
2. Garantizar derechos sexuales y reproductivos, asegurando un acceso efectivo, universal y equitativo a la anticoncepción, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y la atención postaborto (9),(10).
3. Atención sanitaria integral con enfoque de género y trauma, mediante un cribado oportunista, historia clínica estructurada, circuitos asistenciales claros y derivación coordinada (13),(14).
4. Capacitación obligatoria del personal sanitario incorporando la formación continua en género, interseccionalidad, consentimiento, confidencialidad, violencias digitales, económicas y estructurales (12),(13).
5. Prevención primaria con impacto, diseñando programas comunitarios y escolares orientados a la igualdad, fomento de masculinidades, cultura de la no violencia y la educación afectivo-sexual (2),(3).
Desde el Grupo de Trabajo de Género, Diversidad Afectivo-Sexual y Salud de la SEE, reafirmamos que la violencia contra las mujeres es prevenible, y que retroceder en su reconocimiento o limitar los derechos que facilitan su abordaje permiten enfrentarla no es algo neutral sino cómplice letal.
