La gran asignatura pendiente que dejó la pandemia no fue únicamente sanitaria. También fue política, jurídica y estructural. Seis años después de la irrupción del SARS-CoV-2, España sigue moviéndose en un terreno legal ambiguo cuando aparece una amenaza epidemiológica de alcance internacional. Y cada nueva alerta sanitaria vuelve a recordarlo.
El debate sobre una futura ley de pandemias desapareció poco a poco de la conversación pública en cuanto bajó la presión asistencial y se levantaron las últimas restricciones. Sin embargo, muchos expertos sostienen que el problema de fondo nunca se resolvió.
La Organización Mundial de la Salud lleva años advirtiendo de que las futuras emergencias sanitarias serán cada vez más complejas debido a factores como la movilidad global, el cambio climático, la presión sobre ecosistemas o la expansión de enfermedades zoonóticas. Y precisamente por eso numerosos especialistas consideran que las herramientas jurídicas españolas continúan siendo insuficientes para responder con rapidez y coordinación.
Durante la covid, las administraciones tuvieron que apoyarse en normas redactadas décadas antes y pensadas para escenarios muy distintos. El resultado fue una cascada de interpretaciones judiciales, decisiones contradictorias y recursos constantes ante los tribunales.
El constitucionalista y exministro de Justicia Tomás de la Quadra-Salcedo ya defendió en pleno debate pandémico que el ordenamiento jurídico español necesitaba “instrumentos más precisos” para gestionar restricciones excepcionales sin generar inseguridad institucional.
Esa falta de claridad sigue preocupando especialmente en el ámbito del Derecho Sanitario. Fernando Abellán, abogado y presidente de la Asociación Derecho y Sanidad, ha insistido en distintas ocasiones en la necesidad de actualizar la legislación para evitar vacíos interpretativos ante futuras crisis epidemiológicas.
Porque el problema no es únicamente aprobar restricciones. El verdadero reto aparece cuando hay que decidir:
- quién puede adoptarlas,
- cuánto tiempo pueden mantenerse,
- qué límites tienen,
- y bajo qué control judicial deben aplicarse.
La experiencia de la covid evidenció además enormes diferencias entre comunidades autónomas. Algunas regiones impusieron restricciones severas mientras otras aplicaban medidas mucho más flexibles pese a compartir indicadores epidemiológicos similares. Aquella disparidad alimentó un debate jurídico que todavía sigue abierto.
El catedrático de Derecho Administrativo Juli Ponce ha advertido también sobre la necesidad de construir marcos legales “más previsibles y transparentes” para evitar respuestas improvisadas en futuras emergencias.
En paralelo, desde el ámbito sanitario se insiste en otro aspecto clave: la Salud Pública no puede seguir funcionando únicamente como reacción ante las crisis.
La Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública ha defendido reiteradamente que las futuras amenazas requieren estructuras permanentes de vigilancia epidemiológica, coordinación institucional y comunicación pública basada en evidencia científica.
Y ahí España continúa arrastrando déficits importantes.
La Agencia Estatal de Salud Pública sigue acumulando retrasos, mientras expertos en epidemiología reclaman reforzar sistemas de vigilancia, mejorar la interoperabilidad de datos y acelerar la coordinación entre administraciones sanitarias.
Para muchos especialistas, el problema no es solo normativo. También es cultural.
El modelo “One Health”, respaldado por organismos internacionales como la OMS, la FAO y la Organización Mundial de Sanidad Animal, defiende precisamente que la salud humana no puede separarse de la salud ambiental y animal.
Esa visión transversal obliga a entender que las futuras emergencias sanitarias probablemente nacerán en espacios donde confluyen factores climáticos, ecológicos, sociales y económicos.
Y eso exige políticas mucho más coordinadas.
Expertos en Salud Pública llevan años defendiendo el concepto de “salud en todas las políticas”, una estrategia que implica incorporar la perspectiva sanitaria a decisiones urbanísticas, medioambientales, educativas o de movilidad.
Porque las pandemias no empiezan únicamente en los hospitales. Muchas veces comienzan mucho antes.
La covid dejó además otra enseñanza incómoda: la comunicación institucional durante una crisis sanitaria puede ser tan importante como las propias medidas.
Mensajes contradictorios, cambios continuos de criterio o declaraciones políticas mal coordinadas generaron durante la pandemia una enorme desconfianza social. Algunos expertos consideran que una legislación más clara también ayudaría a ordenar mejor la comunicación pública en situaciones de emergencia.
En el ámbito científico existe además un consenso creciente sobre la necesidad de reforzar estructuras permanentes de preparación y respuesta. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha alertado recientemente de que Europa debe prepararse para futuras amenazas epidemiológicas con mecanismos más ágiles y coordinados.
Porque la pregunta ya no es si llegará otra gran crisis sanitaria global. La mayoría de especialistas da por hecho que ocurrirá.
La cuestión real es cómo responderá el sistema cuando vuelva a suceder.
Y ahí sigue apareciendo la misma sensación de fondo: que, pese a todo lo vivido, muchas de las reformas estructurales que parecían inevitables tras la pandemia continúan todavía pendientes.
FOTOGRAFÍA DE CABECERA: El Periódico
