Desde el Ministerio se atribuye el retraso al desacuerdo con varias comunidades sobre el modelo de gobernanza asistencial, mientras Madrid reivindica su propio plan y las sociedades científicas reclaman acelerar la preparación frente a futuras emergencias
Casi un año después de que concluyera el trámite de audiencia pública, el Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a Amenazas Graves para la Salud continúa sin aprobarse. El compromiso del Ministerio de Sanidad es que vea la luz antes de finalizar 2026, según aseguró el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso. La demora ha reabierto el debate sobre el grado de preparación del Sistema Nacional de Salud ante futuras crisis, un escenario que ha cobrado especial protagonismo tras la gestión del brote de hantavirus asociado al crucero MV Hondius.
Padilla defendió que el retraso no responde a una paralización del proyecto, sino a la necesidad de redefinir uno de sus principales órganos de gobernanza. Según explicó, la Comisión de Coordinación Asistencial prevista inicialmente en el texto fue rechazada por varios consejeros autonómicos del Partido Popular en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), obligando al Ministerio a replantear el modelo para que sus funciones puedan integrarse en la comisión delegada del propio Consejo Interterritorial.
El anuncio supone el último capítulo de un proceso iniciado en septiembre de 2025, cuando Sanidad sacó a audiencia pública el proyecto de Real Decreto que crea el Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a Amenazas Graves para la Salud. El objetivo era dotar por primera vez a España de un marco jurídico estable para anticipar, coordinar y responder de forma homogénea ante emergencias sanitarias de gran impacto.
El texto nació con una vocación claramente estructural. Inspirado en las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19 y alineado con el Reglamento Europeo sobre Amenazas Transfronterizas Graves para la Salud, el proyecto plantea una arquitectura permanente para afrontar amenazas biológicas, químicas, ambientales, radiológicas o nucleares, así como cualquier crisis capaz de comprometer la capacidad asistencial del sistema sanitario.
Entre sus principales novedades figura la creación de la figura de la Emergencia de Salud Pública de Importancia Nacional (ESPIN), que permitiría al Ministerio declarar formalmente una situación de amenaza grave tras la evaluación técnica correspondiente y activar actuaciones coordinadas obligatorias para todo el Sistema Nacional de Salud.
Además, el plan define una estructura de gobernanza permanente encabezada por una Comisión Estatal de Coordinación, refuerza el papel del Consejo Interterritorial, obliga a todas las comunidades autónomas a disponer de planes propios de preparación y respuesta, desarrolla el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR), crea un grupo asesor multidisciplinar que deberá constituirse en menos de 48 horas ante una emergencia y establece la creación de reservas estratégicas nacionales de medicamentos y productos esenciales, junto con redes de laboratorios, unidades de aislamiento y equipos de respuesta rápida.
El proyecto también incorpora mecanismos de evaluación continua mediante simulacros, indicadores de seguimiento e informes periódicos sobre el grado de preparación del país.
Madrid se adelanta con su propio plan
Mientras el desarrollo del plan estatal continúa pendiente, la Comunidad de Madrid aprobó en abril de 2026 su propio Plan de Preparación y Respuesta frente a Emergencias de Salud Pública, convirtiéndose en la primera comunidad autónoma en dotarse de un documento integral de estas características.
El Gobierno madrileño presentó el plan como una respuesta a las exigencias de preparación marcadas por la normativa europea y lo utilizó también para marcar distancias con el Ejecutivo central. Desde la Consejería de Sanidad defendieron que «el Gobierno de España no ha aprendido ninguna lección del COVID» al no disponer todavía de un plan nacional plenamente operativo.
El documento madrileño reproduce buena parte de la arquitectura prevista en el futuro plan estatal. Establece un sistema permanente de vigilancia epidemiológica, incorpora el enfoque One Health, desarrolla reservas estratégicas sanitarias, identifica infraestructuras críticas como el Hospital Enfermera Isabel Zendal, la Unidad de Alto Aislamiento de La Paz-Carlos III o el SUMMA 112, y define un modelo escalonado de respuesta basado en cuatro niveles de alerta.
También obliga a hospitales, Atención Primaria y servicios de emergencias a mantener planes de contingencia adaptables a diferentes escenarios y prevé ejercicios periódicos de simulación y evaluación continua. No obstante, el propio documento reconoce que, ante emergencias nacionales o internacionales, la respuesta autonómica debe integrarse en la coordinación estatal y europea.
El hantavirus aceleró el debate sobre la preparación sanitaria
El brote de hantavirus asociado al crucero MV Hondius se convirtió en la primera gran prueba para los sistemas de preparación sanitaria españoles desde la pandemia de COVID-19. Aunque el episodio no llegó a traducirse en una emergencia de gran magnitud, obligó a desplegar un complejo operativo sanitario e internacional coordinado con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y 23 países.
La respuesta incluyó evacuaciones aéreas medicalizadas, cuarentenas preventivas, vigilancia epidemiológica durante 42 días, protocolos específicos de aislamiento en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, seguimiento mediante PCR seriadas y coordinación permanente entre Sanidad Exterior, comunidades autónomas, Fuerzas Armadas y organismos internacionales.
El surgimiento del brote puso de manifiesto tanto la capacidad logística desarrollada por España desde la pandemia como algunas de las carencias que siguen pendientes de resolver. Entre ellas, la ausencia de un Plan Estatal plenamente aprobado y operativo, el retraso en el despliegue efectivo de la Agencia Estatal de Salud Pública y la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones en tiempo real.
La propia Comunidad de Madrid aprovechó el episodio para reivindicar que era la única autonomía que ya disponía de un plan integral de respuesta y reclamó una comunicación más fluida con el Ministerio durante el traslado de los ciudadanos españoles repatriados. En paralelo, el Partido Popular llevó la crisis al Congreso mediante una proposición no de ley en la que exigió aprobar en un plazo máximo de seis meses el Plan Estatal, completar la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Salud Pública y desarrollar la reserva estratégica nacional.
Las sociedades científicas reclaman acelerar la preparación
El debate institucional coincide con el llamamiento realizado en abril por las principales sociedades científicas relacionadas con la salud pública, la microbiología, la vacunología, la epidemiología, las urgencias y la neumología.
En un manifiesto conjunto, la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS), la Asociación Española de Vacunología (AEV), la Sociedad Española de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (SEIMC), la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), la Sociedad Española de Medicina de Emergencias y Urgencias (SEMES), la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), junto al comité científico de Fundamed, advirtieron de que España continúa avanzando de forma «incompleta, lenta y todavía no operativa» en materia de preparación frente a futuras crisis sanitarias.
El documento identifica tres prioridades inmediatas. La primera pasa por aprobar definitivamente el Plan Estatal de Preparación y Respuesta y garantizar que no se limite a un desarrollo normativo, sino que incorpore calendarios, indicadores, interoperabilidad entre administraciones, simulacros periódicos y mecanismos públicos de evaluación.
La segunda reclama completar el marco regulatorio relacionado con reservas estratégicas, logística sanitaria, cadenas de suministro, escalado asistencial, sistemas de información y protección de pacientes vulnerables, reforzando además la seguridad jurídica para afrontar futuras emergencias.
La tercera exige acelerar la puesta en funcionamiento efectiva de la Agencia Estatal de Salud Pública, cuya creación legal ya ha sido aprobada, pero cuyo despliegue continúa pendiente del desarrollo de su Estatuto, la constitución de sus órganos de gobierno y la designación de su dirección.
Las sociedades científicas también defienden una financiación estable y plurianual, una gobernanza verdaderamente intersectorial y un enfoque integral de preparación basado en el modelo all hazards promovido por la Organización Mundial de la Salud, capaz de responder no solo a futuras pandemias, sino también a amenazas derivadas de la resistencia antimicrobiana, el cambio climático o los riesgos químicos y ambientales.
Tras la experiencia del COVID-19 y el reciente episodio del MV Hondius, el consenso entre expertos es que la preparación no puede comenzar cuando aparece una nueva amenaza, sino mucho antes. El reto ahora pasa por convertir los planes y las estructuras previstas en capacidades plenamente operativas antes de que llegue la próxima emergencia sanitaria.
FUENTE: Gaceta Médica
