Los informes de Hacienda y Economía, elaborados antes de la aprobación definitiva del Proyecto de Ley, introducen un importante reproche técnico sobre la evaluación económica de la reforma impulsada por el Ministerio de Sanidad
El Gobierno aprobó el pasado 1 de septiembre el Proyecto de Ley de Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, una reforma que sustituirá a la norma vigente desde 2003 y que ahora inicia su tramitación parlamentaria. Sin embargo, los informes incorporados al expediente por los ministerios de Hacienda y Economía cuestionan uno de los aspectos que las comunidades autónomas ya habían situado entre sus principales objeciones: la falta de una memoria económica suficientemente detallada.
El Ministerio de Hacienda considera en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) que “no pueden aceptarse” las justificaciones ofrecidas por Sanidad para no realizar una estimación de su incidencia en los costes de personal. En un informe fechado el 24 de julio, incorporado al expediente de la norma antes de su aprobación por el Gobierno, Hacienda advierte de las importantes consecuencias que el nuevo marco jurídico tendrá sobre los gastos de personal y la organización de los servicios de salud.
El departamento considera insuficiente que Sanidad alegue la heterogeneidad de las situaciones de partida y de los esquemas retributivos de las comunidades autónomas para justificar la ausencia de un cálculo detallado. Frente a ello, reclama que la MAIN incorpore una estimación de los costes a partir de los datos actuales y que la financiación prevista para las autonomías deje de ser “genérica y abierta”, identificando además qué financiación aportará el Estado para compensar los posibles incrementos de gasto derivados de la aplicación de la ley.
Impacto en las plantillas y retribuciones
Hacienda advierte de que el Estatuto Marco tendrá efectos económicos sobre cuestiones como la jornada, las retribuciones, la carrera y el desarrollo profesional, la movilidad, la formación y las nuevas categorías profesionales. Por ello, exige que el impacto presupuestario sea cuantificado “individualizadamente” para cada comunidad autónoma. El informe considera que la memoria realiza una “descuantificación completa” del impacto presupuestario y sostiene que esto supone un “retroceso metodológico” que dificulta valorar las consecuencias económicas de la reforma.
Entre las medidas que, a juicio de Hacienda, requieren una valoración económica inmediata figuran la reducción de jornada, la extensión del régimen de pagas extraordinarias y la reclasificación automática de categorías profesionales. El departamento rechaza que el coste pueda calcularse posteriormente, cuando se desarrollen reglamentariamente las medidas, porque entiende que es el propio Proyecto de Ley el que establece ya “la base legal” para esas modificaciones y, por tanto, permite anticipar sus consecuencias económicas.
Hacienda considera especialmente relevante el cambio de clasificación profesional y del esquema de retribuciones básicas, que, a su juicio, se aparta del sistema vigente para el conjunto de la Función Pública y podría traducirse en un “importante aumento de costes”, por lo que reclama una explicación detallada de las equivalencias entre ambos sistemas y de cómo se financiarán finalmente las nuevas obligaciones para las comunidades autónomas.
El propio Ministerio de Sanidad reconoce en la documentación que la norma afecta tanto a los presupuestos de la Administración General del Estado como a los de las administraciones territoriales, aunque sostiene que no persigue un efecto económico directo, sino mejorar las condiciones laborales del personal estatutario y el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Pese a ello, la MAIN cifra en 249,6 millones de euros el impacto presupuestario durante el primer año de aplicación y en unos 1.892,5 millones durante los cinco primeros ejercicios, cantidades que Hacienda considera insuficientemente desglosadas.
Economía pide estimaciones
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa coincide en reclamar una estimación cuantitativa del impacto presupuestario, aunque sea mediante cálculos aproximados. Su informe advierte de que, pese a la heterogeneidad de los modelos organizativos y de gestión, es previsible que las Administraciones Públicas, especialmente las comunidades autónomas, necesiten realizar modificaciones presupuestarias para aplicar el Estatuto.
Finalmente, Economía también cuestiona la introducción de la incompatibilidad de una segunda actividad privada para determinados cargos intermedios, al considerar que la MAIN no justifica suficientemente esta medida en términos de interés público, aunque valora favorablemente la regulación de la incapacidad permanente por su aproximación al Estatuto de los Trabajadores.
FUENTE: ConSallud.es
