Un estudio realizado por el Instituto de Salud Carlos III analiza las diferencias en el diagnóstico y tratamiento del VIH entre la población migrante y la nacida en España, y su evolución en el tiempo.
El trabajo analiza, en particular, la frecuencia del diagnóstico tardío, el acceso al tratamiento antirretroviral y la respuesta al mismo, con el objetivo de identificar posibles desigualdades en la atención y en los resultados clínicos.
La investigación se ha desarrollado a partir de los datos de la Cohorte CoRIS, una de las principales plataformas españolas para el estudio de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que realiza un seguimiento de miles de personas atendidas en centros sanitarios de todo el país. El estudio está liderado por Inmaculada Jarrín, investigadora del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, y José Antonio Pérez Molina, médico del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, junto con otros investigadores de distintos centros españoles.
La actualidad del VIH en España
Como comenta para Univadis España Jose Antonio Pérez Molina, médico infectólogo del Hospital Universitario Ramón y Cajal: “La infección por VIH continúa siendo un importante reto de salud pública en Europa. En 2023, alrededor de 2,6 millones de personas vivían con VIH en la Región Europea de la OMS [Organización Mundial de la Salud], y se notificaron 112.883 nuevos diagnósticos, de los cuales 24.731 correspondieron a países de la Unión Europea.[1] Un dato especialmente relevante es que más de la mitad de los diagnósticos de VIH en la Unión Europea (52,4%) se produjeron de forma tardía, cuando el recuento de linfocitos CD4 era inferior a 350 células/mm≥”.[1]
La población migrante concentra una parte importante de estos diagnósticos: en 2023, el 55,8 % de los nuevos diagnósticos de VIH en la Unión Europea correspondieron a personas migrantes, una proporción que había aumentado un 54,6 % respecto a 2014.[1] Los estudios disponibles señalan que entre el 40 % y el 70 % de las personas migrantes que viven con VIH podrían haber adquirido la infección después de llegar a Europa, lo que pone de manifiesto que factores relacionados con el acceso a la prevención, el diagnóstico y la atención sanitaria desempeñan un papel relevante.[2]
En España, donde las personas nacidas en el extranjero representaban el 18 % de la población en 2024, principalmente por la llegada de población procedente de América del Sur y, en menor medida, de África, esta realidad también resulta especialmente relevante.[3] En 2023, el 49,8 % de los nuevos diagnósticos de VIH correspondieron a personas migrantes, que además presentaron mayores tasas de diagnóstico tardío y enfermedad avanzada que las personas nacidas en España.[1] A estas diferencias se suman las barreras que pueden dificultar el acceso al sistema sanitario. En 2012, el Real Decreto-ley 16/2012 restringió el acceso a la sanidad pública de las personas migrantes en situación administrativa irregular, unas limitaciones que comenzaron a revertirse en 2018 con el Real Decreto-ley 7/2018, aunque, según indica el Dr. Perez Molina, no se recuperó completamente el nivel de cobertura previo a 2012.
Los resultados del estudio
El estudio analizó a 20.215 personas con VIH incluidas en la cohorte española CoRIS entre 2004 y 2023. El 45,9 % había nacido fuera de España, una proporción que aumentó de forma notable durante el periodo de estudio: pasó del 37,1 % en 2004 al 59,3 % en 2023, principalmente por el incremento de personas procedentes de América Latina.
Uno de los principales hallazgos fue la mayor frecuencia de diagnóstico tardío del VIH entre las personas nacidas en América Latina y África subsahariana, en comparación con las nacidas en España. Esta diferencia fue especialmente evidente entre los hombres de ambas regiones y entre las mujeres procedentes de América Latina.
En cuanto al tratamiento antirretroviral, no se observaron diferencias generales en el inicio del tratamiento durante los tres primeros meses tras la entrada en la cohorte. Sin embargo, entre 2019 y 2023, los hombres latinoamericanos presentaron una menor probabilidad de iniciar el tratamiento en este periodo. Respecto a la respuesta al tratamiento, la supresión de la carga viral a las 48 semanas fue menor entre los hombres procedentes del África subsahariana.
También se observaron diferencias en la recuperación inmunológica. Tras 48 semanas de tratamiento, el incremento de los linfocitos CD4 fue menor en las personas procedentes del África subsahariana, con una diferencia media ajustada de −77 células/μL, y en aquellas procedentes de América Latina, con una diferencia de −21,3 células/μL, respecto a las personas nacidas en España.
En conjunto, los resultados muestran que las desigualdades no se limitan al momento del diagnóstico, sino que también pueden afectar a la respuesta al tratamiento, y que estas diferencias han persistido a lo largo del periodo analizado. Como explica José Antonio Pérez Molina en la entrevista concedida a Univadis España, estas diferencias pueden observarse en distintos momentos del proceso asistencial: “mientras que las personas migrantes llegan con mayor frecuencia más tarde al diagnóstico, una vez iniciado el tratamiento el acceso y la rapidez en su inicio son similares a los de las personas nacidas en España. Sin embargo, las diferencias vuelven a aparecer posteriormente, especialmente en la respuesta al tratamiento entre la población procedente del África subsahariana”.
El Dr. Pérez Molina apunta que detrás de estas desigualdades intervienen múltiples factores, entre ellos las dificultades para acceder al sistema sanitario, las barreras lingüísticas, las condiciones laborales o la distancia a los centros de atención. A ello se suma el estigma asociado al VIH, que, según explica, puede ser especialmente intenso en algunas poblaciones migrantes y dificultar que las personas busquen información, diagnóstico o atención médica.
Perspectivas de futuro: ¿Qué hacemos con estos datos?
Mejorar la atención del VIH en la población migrante requiere abordar las barreras que dificultan tanto el diagnóstico como la prevención. Un estudio europeo publicado en HIV Medicine en 2024 identifica entre ellas el estigma y la discriminación, las barreras lingüísticas y culturales y las dificultades de acceso al sistema sanitario. Entre las medidas propuestas se encuentran simplificar el acceso a la asistencia sanitaria, reforzar la información sobre el VIH y las pruebas diagnósticas, desarrollar programas de acercamiento comunitario y contar con mediadores culturales y servicios de traducción. La colaboración entre los servicios sanitarios y las organizaciones comunitarias también puede contribuir a acercar estas actuaciones a quienes encuentran mayores dificultades.[6]
En España, uno de los retos pasa además por garantizar un acceso homogéneo a la atención sanitaria, independientemente de la comunidad autónoma de residencia. Como señala el Dr. Pérez Molina, una posible vía sería garantizar una atención universal para las enfermedades de interés para la salud pública.
Pero, en palabras del investigador, “si lo único que hacemos es dedicarnos a cribar, siempre vamos a llegar tarde”. Por ello, considera necesario complementar el diagnóstico precoz con políticas de prevención, educación e información dirigidas a las personas que todavía no tienen la infección. En esta línea, una de las preguntas que el equipo se plantea para futuras investigaciones es qué proporción de las infecciones por VIH entre la población migrante se adquiere ya en España. Determinarlo permitiría orientar mejor las estrategias de salud pública y reforzar las medidas destinadas a evitar nuevas infecciones.
El estudio también abre una vía para explorar cómo acercar los servicios sanitarios a las poblaciones con mayores dificultades de acceso. Pérez Molina apunta que el contacto más frecuente de las mujeres con el sistema sanitario a través de la atención materno-infantil podría explicar, en parte, la menor frecuencia de diagnóstico tardío observada entre las mujeres africanas. Un hallazgo que, según sus palabras, refuerza una idea fundamental: “el objetivo de las políticas debe estar dirigido a mejorar el acceso, no a restringir el acceso a poblaciones vulnerables”.
José A. Pérez Molina ha declarado no presentar conflictos de interés. Los conflictos de interés de los demás autores de los artículos pueden consultarse en los textos originales.
FUENTE: Univadis
