El adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre no representa únicamente la apertura anticipada de una campaña electoral ni el final de una legislatura. Para el Sistema Nacional de Salud, para sus profesionales, para millones de pacientes, para las organizaciones que los representan y para el sistema científico español supone también una interrupción abrupta de numerosos procesos legislativos, negociaciones y reformas que llevaban meses —y en algunos casos años— tratando de abrirse paso. La disolución de las Cortes Generales tiene una consecuencia inmediata: los proyectos y proposiciones de ley que permanecían en tramitación parlamentaria decaen y, si el próximo Gobierno quiere recuperarlos, tendrán que volver a iniciar su recorrido en las nuevas Cámaras. La agenda sanitaria es una de las directamente afectadas. El Estatuto Marco, la nueva Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, la Ley de Organizaciones de Pacientes y otras iniciativas sanitarias se encuentran entre los asuntos afectados por el final anticipado de la legislatura.
No es una cuestión menor. Detrás de cada una de estas leyes hay intereses legítimos enfrentados, negociaciones todavía sin cerrar, acuerdos parciales y desacuerdos profundos. Algunas normas contaban con un respaldo considerable; otras habían provocado una fuerte contestación profesional. Pero todas planteaban debates que el Sistema Nacional de Salud tendrá que afrontar antes o después. Por eso, el 29-N no debería significar un regreso automático a la casilla de salida.
Una campaña electoral en la que la sanidad debe tener sitio
Durante las próximas semanas escucharemos hablar de economía, vivienda, impuestos, empleo, pensiones, inmigración, seguridad, política exterior y organización territorial. Son debates necesarios. Pero sería difícil entender que la sanidad volviese a quedar relegada a unas pocas páginas de los programas electorales o a varias propuestas anunciadas durante los últimos días de campaña. La salud afecta a todos: al paciente que espera una consulta especializada, al enfermo crónico que necesita continuidad asistencial, a una familia que aguarda un diagnóstico, al investigador que trata de comprender el mecanismo molecular de una enfermedad, al médico que termina una guardia, a la enfermera que trabaja en una planta con una elevada carga asistencial, al farmacéutico que intenta garantizar el suministro de un medicamento, al profesional de Atención Primaria que acumula pacientes en su agenda, al científico que necesita financiación para que su proyecto pueda continuar y a quien todavía está sano, porque probablemente algún día necesitará al Sistema Nacional de Salud.
La próxima legislatura obligará a todas las formaciones a explicar con mayor precisión qué modelo sanitario quieren desarrollar durante los próximos cuatro años, qué medidas consideran realmente ejecutables, cuánto costarán, cómo se financiarán, qué calendario tendrán y qué grado de consenso parlamentario están dispuestas a buscar para convertirlas en realidad. La cuestión no debería reducirse a utilizar la sanidad como instrumento electoral. Prometer durante una campaña es relativamente sencillo; legislar, presupuestar, negociar con las comunidades autónomas y ejecutar es mucho más difícil. La sanidad necesita que los compromisos electorales puedan traducirse después en normas, presupuestos y decisiones efectivas.
El Estatuto Marco: el conflicto no desaparece porque desaparezca la ley
Uno de los ejemplos más evidentes es el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Su paralización parlamentaria no elimina ninguno de los problemas que habían provocado su reforma. Las condiciones laborales de los profesionales, las jornadas, las guardias, los descansos, la conciliación, la clasificación profesional, la carrera, la movilidad, la jubilación anticipada, la temporalidad y las particularidades del trabajo médico seguirán estando encima de la mesa el día después de las elecciones. Y existe, además, una fractura evidente entre organizaciones profesionales.
SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF han reclamado que los tres años de negociación realizados hasta ahora no terminen “en saco roto” y que el texto negociado pueda constituir un punto de partida para el próximo Gobierno. Estas organizaciones han solicitado que la reforma vuelva a situarse entre las prioridades de la próxima legislatura. Una posición distinta mantienen importantes organizaciones médicas, que han cuestionado el proyecto y reclamado una regulación específica para médicos y facultativos. El final de la tramitación parlamentaria, por tanto, no significa que haya desaparecido el conflicto ni que se hayan resuelto las reivindicaciones que lo originaron.
Las próximas Cortes tendrán que volver a escuchar tanto a las organizaciones que respaldaron el texto como a aquellas que lo rechazaron. No parece posible reconstruir una regulación laboral de semejante alcance sin incorporar de forma efectiva la opinión de quienes trabajan todos los días dentro del Sistema Nacional de Salud. El debate sobre el Estatuto Marco demuestra, además, hasta qué punto las grandes reformas sanitarias necesitan interlocución desde sus primeras fases y no únicamente cuando los textos normativos están prácticamente cerrados.
Escuchar a los profesionales antes de legislar
Esta debería ser una de las grandes cuestiones de la próxima legislatura. Médicos, enfermeras, farmacéuticos, fisioterapeutas, psicólogos, técnicos, auxiliares, investigadores, residentes y el resto de profesionales sanitarios no pueden aparecer únicamente cuando una ley está prácticamente terminada. Los partidos políticos tendrán que explicar durante la campaña electoral qué modelo de recursos humanos quieren para el Sistema Nacional de Salud.
España tendrá que abordar cuestiones que trascienden cualquier legislatura: jubilaciones, relevo generacional, distribución territorial de profesionales, déficit en determinadas especialidades, Atención Primaria, condiciones laborales, guardias, conciliación, estabilidad, carrera profesional, formación especializada y planificación de las necesidades futuras. Son problemas demasiado importantes para convertirse en una sucesión de conflictos entre administraciones y profesionales.
Las nuevas Cortes tendrán ante sí la posibilidad de establecer espacios más estables de interlocución en los que colegios profesionales, sociedades científicas, asociaciones profesionales y sindicatos sanitarios puedan participar antes de que las grandes reformas lleguen prácticamente cerradas al Parlamento. Escuchar no significa aceptar todas las reivindicaciones. Gobernar obliga a decidir. Pero una decisión legislativa sustentada en el conocimiento de quienes trabajan dentro del sistema dispone, al menos, de mejores herramientas para anticipar sus consecuencias.
Los pacientes pierden una ley que llevaban años reclamando
Entre las normas cuya tramitación queda interrumpida con el final de la legislatura hay una que merece una atención especial: la Ley de Organizaciones de Pacientes. El proyecto pretendía reconocer jurídicamente la singularidad de estas organizaciones, reforzar su representación institucional y garantizar su participación en determinadas políticas sanitarias. Su paralización resulta especialmente significativa porque apenas unas semanas antes las organizaciones de pacientes habían comparecido ante la Comisión de Sanidad del Congreso para intentar mejorar el texto.
Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), reclamó el 15 de septiembre a los diputados que permitieran que la ley saliera adelante para poder “participar por derecho en las políticas sanitarias”. Recordó que las asociaciones llevan años interviniendo en estrategias nacionales, evaluación de tecnologías sanitarias, medicamentos, investigación o salud digital, pero que su derecho a participar todavía no está suficientemente garantizado. Su reflexión sobrevivirá inevitablemente al adelanto electoral: un sistema que incorpora la experiencia del paciente dispone también de información para tomar mejores decisiones.
Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes, compareció igualmente ante la Comisión de Sanidad reclamando una participación real y efectiva de los pacientes, un registro de organizaciones, mecanismos para favorecer su profesionalización, financiación adecuada y presencia en los principales espacios de decisión del Sistema Nacional de Salud. Tras conocerse la convocatoria electoral, el propio Foro Español de Pacientes ha defendido que el trabajo desarrollado no se pierda y que la futura legislatura pueda reactivar la norma sobre la base del consenso alcanzado hasta ahora.
Las nuevas Cortes tendrán que decidir si recuperan esta ley y en qué términos. Pero, independientemente del texto concreto que finalmente pueda aprobarse, existe un debate de fondo que permanecerá abierto: hasta dónde debe llegar la participación institucional de las organizaciones de pacientes en las decisiones del Sistema Nacional de Salud.
El paciente no puede ser el último en entrar en la habitación
Durante décadas se ha hablado de una medicina centrada en el paciente. La siguiente etapa consiste en determinar cómo convertir esa expresión en estructuras reales de participación. Las asociaciones conocen aspectos de la enfermedad que ningún informe administrativo puede reflejar completamente: las dificultades para obtener un diagnóstico, el recorrido entre especialistas, los tiempos de espera, las barreras burocráticas, las diferencias territoriales, los problemas laborales provocados por una enfermedad crónica, la carga familiar de los cuidados, las dificultades de acceso a tratamientos o el impacto emocional de vivir durante años con una patología. Ese conocimiento también forma parte de la realidad sanitaria.
La próxima legislatura tendrá que decidir qué mecanismos estables establece para que los representantes de los pacientes participen en estrategias de salud, evaluación de resultados, políticas farmacéuticas, innovación, investigación, transformación digital y planificación asistencial. El debate ya no consiste solamente en atender a los pacientes, sino en determinar de qué manera su experiencia entra en los lugares donde se adoptan decisiones que afectan directamente a sus vidas.
La Ley del Medicamento vuelve a quedar pendiente
Otro gran proyecto interrumpido es la reforma de la legislación de medicamentos y productos sanitarios. Su contenido abordaba aspectos importantes del modelo farmacéutico español: acceso a la innovación, financiación y precios, medicamentos genéricos y biosimilares, suministro de medicamentos estratégicos y nuevas competencias de determinados profesionales sanitarios, entre otras cuestiones.
No se trata de una reforma técnica reservada exclusivamente a la industria o a la Administración. Afecta directamente al paciente, especialmente en un momento en el que Europa está discutiendo su autonomía farmacéutica, la disponibilidad de medicamentos críticos y la capacidad de los sistemas sanitarios para incorporar innovaciones cada vez más complejas y costosas. El próximo Parlamento tendrá que recuperar inevitablemente buena parte de este debate y abordar una de las preguntas que marcarán los próximos años: cómo compatibilizar el acceso a la innovación con la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y cómo evitar, al mismo tiempo, que avances científicos que ya existen tarden excesivamente en llegar al paciente.
Innovación, acceso y sostenibilidad
El sector farmacéutico también ha planteado sus prioridades para la siguiente etapa política. Entre las cuestiones que la industria viene situando en el debate figuran la agilización del acceso a los medicamentos innovadores, el refuerzo de la inversión, la competitividad de la investigación clínica, la producción farmacéutica, los medicamentos críticos, la autonomía estratégica, la medicina de precisión y los ensayos clínicos.
Son posiciones de una parte directamente interesada del sector y, precisamente por ello, deben analizarse junto con las de pacientes, profesionales, gestores, administraciones y expertos en economía de la salud. Pero plantean debates que ningún Gobierno podrá evitar. Mantener una posición relevante en investigación clínica requiere hospitales capaces de investigar, profesionales con tiempo para hacerlo, estructuras ágiles, pacientes dispuestos a participar y un marco regulatorio que permita compatibilizar innovación, garantías y sostenibilidad. La innovación sanitaria no comienza cuando un medicamento llega a una farmacia. Empieza muchos años antes, en un laboratorio.
La ciencia tampoco puede funcionar al ritmo de las elecciones
Aquí aparece quizá una de las mayores dificultades estructurales de la política científica: la investigación necesita periodos de tiempo mucho más largos que una legislatura. Un proyecto científico puede necesitar cinco, diez o quince años para producir resultados relevantes. Un grupo de investigación no se reconstruye cada cuatro años. Un investigador formado durante décadas no se sustituye mediante una convocatoria administrativa. Y una línea de investigación que desaparece por falta de financiación puede tardar años en recuperarse.
Cuando hablamos de investigación biomédica, detrás de esa continuidad se encuentran futuras herramientas diagnósticas, tratamientos, vacunas, terapias celulares, terapias génicas, nuevas técnicas quirúrgicas, medicamentos y estrategias preventivas. La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) viene alertando precisamente sobre la importancia de la financiación estable. Su presidenta, Perla Wahnón, lo resumió recientemente en una frase muy clara: “No existe una política científica ambiciosa sin una financiación suficiente, estable y sostenida en el tiempo”.
El análisis realizado por COSCE sobre la financiación pública de la I+D+i añade otra advertencia relevante para los próximos años: el progresivo final de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia obligará a decidir cómo se sostiene la inversión científica con recursos nacionales. La organización ha advertido de que mantener el sistema únicamente con los actuales niveles de inversión nacional podría provocar un estancamiento de la investigación española. No basta con anunciar dinero para la ciencia. Es necesario que exista continuidad presupuestaria y que los recursos puedan ejecutarse y llegar a los proyectos.
María Neira y una candidatura española que atravesará el cambio de Gobierno
Dentro de esa necesidad de continuidad existe además una cuestión de política sanitaria internacional que atravesará necesariamente el cambio de legislatura: la candidatura de la doctora María Neira para convertirse en la próxima directora general de la Organización Mundial de la Salud. La propia OMS incluye oficialmente a María P. Neira entre las personas propuestas para ocupar su máxima responsabilidad ejecutiva y señala expresamente que su candidatura ha sido presentada por España. No se trata de la presidencia de la OMS, sino de la Dirección General, cuyo titular es el principal responsable técnico y administrativo de la Organización y ejerce su liderazgo internacional en materia de salud.
El calendario hace que la candidatura española vaya a convivir inevitablemente con el relevo político provocado por las elecciones del 29-N. El proceso de elección comenzó en abril de 2026 y el plazo para presentar candidaturas terminó el 24 de septiembre. En enero de 2027, durante la 160.ª reunión del Consejo Ejecutivo, se elaborará una lista breve y se propondrán hasta tres candidatos, mientras que el nombramiento definitivo corresponderá a la 80.ª Asamblea Mundial de la Salud, prevista para mayo de 2027. La persona elegida comenzará su mandato el 16 de agosto de 2027.
En este contexto, la continuidad de la candidatura de María Neira será una de las decisiones que deberá afrontar el Gobierno que salga de las urnas. Desde una perspectiva de continuidad institucional, existen razones para que el respaldo español sea analizado como una candidatura del Estado y no exclusivamente como una decisión ligada al Ejecutivo que la presentó. María Neira posee una dilatada trayectoria en salud pública internacional y un profundo conocimiento de la propia Organización Mundial de la Salud, de modo que cualquier decisión futura sobre su candidatura tendrá además una dimensión que supera ampliamente el debate político interno español.
La cuestión tampoco puede separarse del momento que atraviesa la salud global. El próximo director general de la OMS tendrá que enfrentarse a futuras amenazas epidémicas, resistencias antimicrobianas, enfermedades no transmisibles, desigualdades sanitarias, acceso a medicamentos y vacunas, efectos del cambio climático sobre la salud, fortalecimiento de los sistemas sanitarios y preparación frente a nuevas emergencias. España tendrá por tanto que decidir si mantiene y refuerza diplomáticamente una candidatura ya presentada ante la OMS durante los meses decisivos del proceso. Sea cual sea la composición del próximo Ejecutivo, esta cuestión permitirá comprobar hasta qué punto determinadas iniciativas internacionales pueden mantener continuidad más allá de los cambios de mayoría parlamentaria.
La próxima legislatura debe proteger la investigación de la inestabilidad política
Los partidos tendrán que explicar durante esta campaña cómo pretenden financiar la ciencia española durante los próximos años, y será especialmente importante que ese debate incluya cifras, plazos y mecanismos de ejecución. ¿Qué inversión pública pretenden alcanzar? ¿Cómo se sustituirán progresivamente los fondos extraordinarios europeos? ¿Cómo se garantizará la estabilidad de las convocatorias? ¿Cómo se retendrá talento? ¿Cómo se facilitará el regreso de investigadores españoles? ¿Cómo se reducirá la burocracia? ¿Cómo se potenciará la transferencia de conocimiento? ¿Cómo se conectará mejor la investigación básica con la investigación clínica? ¿Cómo se garantizará que hospitales y centros sanitarios puedan investigar sin que la presión asistencial termine expulsando la ciencia de sus agendas?
COSCE ha situado precisamente la financiación, la reducción de la burocracia, la mejora de la gestión y la transferencia del conocimiento entre las cuestiones que considera esenciales para reforzar el sistema científico español. Son asuntos que inevitablemente tendrán que aparecer en el debate de la próxima legislatura porque cada año perdido en ciencia no representa únicamente un ejercicio presupuestario perdido. Puede significar conocimiento que no llega a generarse.
Investigar también es tratar a los pacientes del futuro
Existe una tendencia demasiado frecuente a separar sanidad e investigación. La medicina que hoy se practica en nuestros hospitales procede de la investigación realizada durante las décadas anteriores y la medicina que recibiremos dentro de veinte años depende, en buena medida, de las investigaciones que se financien ahora.
El paciente oncológico que dentro de diez años reciba una nueva inmunoterapia dependerá probablemente de investigaciones básicas que hoy pueden parecer alejadas de la asistencia. Lo mismo ocurre con las enfermedades neurodegenerativas, las patologías cardiovasculares, las enfermedades raras, las enfermedades infecciosas o las patologías autoinmunes. Sin ciencia no hay medicina futura. Por eso, situar la sanidad entre las grandes prioridades políticas significa también decidir qué posición debe ocupar la investigación biomédica dentro de la estrategia del país.
Atención Primaria: el problema que ninguna campaña puede esquivar
El próximo Gobierno heredará además problemas que no dependen de ninguna ley paralizada. La Atención Primaria seguirá necesitando profesionales, estabilidad, capacidad diagnóstica y tiempo. Las listas de espera seguirán existiendo después del 29 de noviembre. La presión sobre determinadas especialidades no desaparecerá con las elecciones. La salud mental continuará reclamando recursos. El envejecimiento de la población seguirá incrementando la prevalencia de enfermedades crónicas y multimorbilidad. La innovación continuará generando tratamientos extraordinariamente eficaces pero también costosos. Y las diferencias territoriales seguirán obligando a debatir sobre cohesión y equidad dentro del Sistema Nacional de Salud.
Ninguna mayoría parlamentaria puede eliminar estos problemas mediante una única ley. Lo que sí puede hacer es establecer prioridades, financiación, calendarios y mecanismos de evaluación que permitan comprobar al final de la legislatura cuánto de lo anunciado llegó realmente a ejecutarse.
El verdadero programa sanitario empieza donde termina el eslogan
Los programas electorales deberían permitir conocer las respuestas de cada partido a cuestiones concretas: qué modelo quieren para la Atención Primaria, qué estrategia plantean frente a las listas de espera, cómo pretenden planificar las necesidades de profesionales, qué posición mantienen sobre la reforma del Estatuto Marco, qué papel quieren conceder a los pacientes, qué modelo defienden para la incorporación de medicamentos innovadores, cómo quieren financiar la investigación biomédica, qué políticas plantean para salud mental, qué medidas proponen frente al tabaquismo, el alcohol y otros problemas de salud pública, cómo quieren aprovechar el Espacio Europeo de Datos de Salud, qué garantías establecerán para la utilización de inteligencia artificial, cómo pretenden reducir las desigualdades territoriales en acceso a diagnóstico y tratamiento y cuánto dinero están dispuestos a destinar a todo ello.
Un programa sanitario sin memoria económica, sin calendario y sin mecanismos de ejecución corre el riesgo de quedarse únicamente en una declaración de intenciones. La campaña electoral debería servir precisamente para que las distintas opciones políticas hagan públicas sus prioridades y para que ciudadanos, pacientes y profesionales puedan conocer con claridad qué modelo sanitario propone cada una.
No empezar otra vez desde cero
Probablemente esta sea una de las cuestiones fundamentales después del adelanto electoral. La finalización anticipada de una legislatura no tiene por qué significar que todo el conocimiento generado durante ella desaparezca. Las nuevas Cortes podrán revisar los proyectos que ahora han decaído, analizar qué partes disponían de consenso, corregir aquello que generaba rechazo y aprovechar el trabajo técnico, parlamentario y social ya realizado.
Recuperar una norma no significa aprobarla exactamente como estaba redactada. Significa aprovechar reuniones, informes, comparecencias, consultas públicas, alegaciones y negociaciones que ya han permitido identificar acuerdos y problemas. En algunos asuntos habrá que modificar profundamente los textos. En otros quizá exista consenso suficiente para recuperarlos con rapidez. Pero disponer del trabajo previo permite que los nuevos diputados y senadores no tengan que comportarse como si los debates comenzaran por primera vez el día de constitución de las Cámaras.
Un pacto sanitario no significa pensar todos igual
Durante décadas se ha hablado de grandes pactos por la sanidad. Ese concepto no tiene por qué significar que todos los partidos compartan exactamente el mismo modelo, algo que difícilmente ocurrirá en una democracia plural. Sí permite plantear, sin embargo, si determinados ámbitos pueden disponer de acuerdos suficientemente amplios para soportar los cambios de legislatura: planificación de profesionales, investigación, salud pública, vigilancia epidemiológica, preparación ante emergencias sanitarias, interoperabilidad de la información clínica, enfermedades raras, prevención, vacunación o sostenibilidad de determinadas infraestructuras científicas.
Los Gobiernos cambiarán. La investigación continuará. Los hospitales continuarán abiertos. Los profesionales seguirán trabajando. Y los pacientes seguirán necesitando asistencia independientemente de qué mayoría parlamentaria sostenga al Ejecutivo.
La política sanitaria necesita tiempo
Quizá una de las principales contradicciones de cualquier sistema político sea intentar resolver problemas sanitarios de veinte años mediante ciclos electorales mucho más cortos. El envejecimiento poblacional, la cronicidad, la transformación tecnológica, la incorporación de inteligencia artificial, la medicina personalizada, la disponibilidad de profesionales, el crecimiento del gasto farmacéutico o la investigación biomédica necesitan planificación a largo plazo.
Por eso los programas electorales deberían diferenciar con claridad entre aquello que una formación pretende ejecutar durante una legislatura y aquello que considera que necesita una estrategia de Estado más prolongada. La ciudadanía tiene derecho a conocer no solamente qué propone cada partido, sino también cómo pretende desarrollarlo, con qué presupuesto y en qué plazos.
Pacientes, profesionales y científicos deben entrar en las Cortes sin tener un escaño
El nuevo Congreso y el nuevo Senado tendrán una enorme responsabilidad. Pero la política sanitaria no puede elaborarse únicamente dentro del Parlamento. Las asociaciones de pacientes deben ser escuchadas. Los sindicatos médicos y sanitarios deben ser escuchados. Los colegios profesionales deben ser escuchados. Las sociedades científicas deben ser escuchadas. Las universidades deben ser escuchadas. Los investigadores deben ser escuchados. La industria debe ser escuchada. Los gestores deben ser escuchados.
Escuchar no significa entregar a ninguno de ellos la política sanitaria ni asumir automáticamente sus propuestas. Significa reconocer que legislar sobre un sistema tan complejo sin incorporar el conocimiento de quienes trabajan, investigan o viven como pacientes dentro de él aumenta el riesgo de adoptar decisiones desconectadas de la realidad asistencial. La próxima legislatura ofrece una oportunidad para modificar esa forma de trabajar.
Que la enfermedad no tenga calendario electoral
El 29 de noviembre España elegirá unas nuevas Cortes Generales. Cambiarán diputados y senadores y podrá cambiar la composición del Gobierno, así como responsables ministeriales, portavoces y prioridades parlamentarias. Lo que no cambiará el 30 de noviembre serán las necesidades de los pacientes.
El cáncer seguirá necesitando investigación. Las enfermedades raras seguirán esperando nuevos tratamientos. El alzhéimer continuará planteando uno de los mayores desafíos científicos y sociosanitarios de las próximas décadas. Las enfermedades cardiovasculares continuarán suponiendo una enorme carga de enfermedad. Los pacientes crónicos seguirán necesitando continuidad asistencial. Los profesionales sanitarios continuarán reclamando condiciones que les permitan atender adecuadamente. Los investigadores seguirán necesitando financiación. Y las familias continuarán esperando respuestas cuando aparece una enfermedad.
Por eso estas elecciones deberían servir también para conocer qué país sanitario propone construir cada formación política. No únicamente qué anuncio sanitario puede aparecer durante una campaña, sino qué proyectos está preparada para defender cuando se apaguen los focos electorales, se constituyan las nuevas Cortes y llegue el momento mucho menos visible —y mucho más importante— de convertir las propuestas en leyes, presupuestos y políticas públicas.
La sanidad necesita debate político, posiciones diferentes, negociación y decisiones. Lo que no puede permitirse es convertirse permanentemente en una agenda que se abre al comienzo de cada legislatura y vuelve a cerrarse antes de que muchas de sus grandes reformas consigan completarse.
Las organizaciones de pacientes llevan años reclamando participar en las decisiones que afectan a sus vidas. Los profesionales llevan años pidiendo reformas. La comunidad científica reclama estabilidad y financiación. La investigación continúa abriendo caminos frente a enfermedades que hasta hace poco parecían intratables. Y España tiene ahora incluso una candidata, María Neira, aspirando a dirigir la principal organización sanitaria internacional del mundo en un proceso que continuará cuando la actual legislatura sea ya historia.
Las elecciones pueden detener una ley. No deberían hacer desaparecer el conocimiento, las negociaciones y el trabajo acumulados alrededor de ella.
El próximo Congreso tendrá que decidir qué hace con los proyectos que ahora quedan interrumpidos. El próximo Gobierno tendrá que decidir qué recupera, qué modifica y qué abandona. Los partidos políticos tendrán, durante estas semanas, la oportunidad de explicar de manera concreta cuál es su proyecto para la sanidad, los pacientes y la ciencia, y la ciudadanía podrá comprobar después si esos compromisos sobreviven al 29 de noviembre y se transforman en decisiones capaces de ejecutarse durante la siguiente legislatura.
