• La SEE publica un posicionamiento en el que defiende que el acceso a una vivienda digna, estable, segura y asequible debe considerarse una prioridad de salud pública.
• La amenaza de desahucio y la inseguridad residencial afectan a la salud mental, mientras que un coste excesivo de la vivienda puede comprometer gastos esenciales como la alimentación o los medicamentos.
• La turistificación y la gentrificación pueden debilitar las redes vecinales y favorecer el aislamiento social, la soledad no deseada y el desarraigo.
• La falta de vivienda asequible también puede dificultar la incorporación y permanencia de profesionales sanitarios, docentes y de otros servicios públicos.
8 de octubre de 2026.- Las dificultades para acceder a una vivienda y poder mantenerla tienen consecuencias para la salud física y mental y pueden agravar las desigualdades sociales. Así lo advierte la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), a través de su Grupo de Trabajo de determinantes de la Salud, en su posicionamiento “El derecho a una vivienda digna como derecho a la salud”, en el que defiende que garantizar un hogar adecuado, estable, seguro y asequible debe ser una prioridad de salud pública.
“Las políticas de vivienda son también políticas de salud”, afirma la SEE en el documento, que se enmarca en un contexto de movilizaciones ciudadanas por el derecho a la vivienda. La sociedad científica subraya que las condiciones del hogar, su coste y la posibilidad de perderlo influyen en el bienestar de las personas y en su capacidad para cubrir necesidades básicas y desarrollar su proyecto de vida.
La relación entre vivienda y salud está ampliamente documentada. Desde la SEE recuerdan que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las temperaturas extremas dentro del hogar, el hacinamiento y las humedades se asocian con una mayor carga de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, lesiones y problemas de salud mental.
La amenaza de perder el hogar también afecta a la salud
“Disponer de una vivienda estable proporciona a las personas seguridad, privacidad y arraigo”, recoge el posicionamiento. Por el contrario, quienes sufren procesos o amenazas de desahucio presentan peores indicadores de salud mental, como ansiedad, depresión y malestar psicológico, y también de salud física. Estos efectos pueden extenderse a los niños, niñas y adolescentes del hogar.
A esta incertidumbre se suma la presión económica. Cuando el alquiler o la hipoteca absorben una parte excesiva de los ingresos, las familias pueden verse obligadas a reducir el gasto en alimentación, calefacción, suministros o medicamentos. Dedicar una proporción elevada de los recursos a la vivienda o vivir con la amenaza de perderla puede actuar como un factor de estrés crónico.
La SEE destaca, además, que la inseguridad residencial puede desembocar en exclusión residencial y sinhogarismo. Las personas sin hogar afrontan una elevada carga de problemas de salud, mayor mortalidad prematura y barreras para mantener una atención sanitaria continuada. Por ello, evitar la pérdida de la vivienda y garantizar alternativas habitacionales estables son también medidas de prevención y promoción de la salud.
La turistificación y la gentrificación: dos problemas crecientes
Las consecuencias trascienden las paredes del hogar. La turistificación y la gentrificación pueden desplazar a la población residente, transformar el comercio de proximidad y debilitar las redes vecinales. La pérdida de estos vínculos puede reducir el apoyo social y el sentido de pertenencia, y contribuir al aislamiento, la soledad no deseada y el desarraigo.
El posicionamiento señala también que, en las zonas con mercados residenciales especialmente tensionados, el precio de la vivienda puede convertirse en una barrera para atraer y retener a profesionales sanitarios, docentes y de otros servicios públicos. Esta dificultad puede afectar al funcionamiento de los servicios esenciales y a la equidad en el acceso a ellos.
La SEE advierte de que estos efectos recaen especialmente sobre los hogares con menores ingresos y otros grupos en situación de vulnerabilidad. El acceso desigual a una vivienda adecuada puede, por tanto, reproducir y profundizar desigualdades de salud ya existentes.
Ante esta situación, la sociedad científica defiende que las políticas de vivienda deben incorporar la protección de la salud de la población. “Este acceso no puede limitarse a disponer de un techo”, señala el documento: debe permitir vivir en condiciones dignas, sin que el coste del hogar comprometa la alimentación, los suministros básicos o el cuidado de la salud.
“Invertir en vivienda es invertir en salud, en barrios saludables, comunidades cohesionadas y en una sociedad con menos desigualdades en salud. Garantizar el derecho a la vivienda es también garantizar las condiciones necesarias para que el derecho a la salud pueda hacerse efectivo”, concluye la SEE en su posicionamiento.
Sociedad Española de Epidemiología ··· www.seepidemiologia.es
