El Consejo General de Dentistas lamenta las consecuencias y considera intolerable que, mientras se sucedían las negociaciones para la venta del grupo, miles de pacientes hayan permanecido en una situación de incertidumbre.
La Organización Colegial recuerda que Vivanta recibió un rescate público de 40 millones de euros a través de la SEPI y exige explicaciones sobre la gestión de estos fondos y las consecuencias de una crisis empresarial que ha afectado a pacientes y trabajadores.
Madrid, 27 de octubre de 2026. El cierre definitivo de las clínicas de Vivanta ha supuesto un nuevo y grave episodio de desprotección de los pacientes en el sector odontológico. Una situación especialmente preocupante después de semanas de negociaciones empresariales, ofertas de compra y controversias económicas que no han conseguido garantizar la continuidad asistencial de las personas afectadas.
Durante las últimas semanas, los medios de comunicación han informado de las negociaciones para la adquisición de parte del grupo Vivanta por Donte Group, así como de las discrepancias relacionadas con las condiciones de la operación y la devolución del rescate público concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Finalmente, la oferta de compra decayó el pasado 21 de octubre sin que se haya alcanzado una solución.
Para el Consejo General de Dentistas, resulta inadmisible que, mientras se negociaban cifras millonarias, condiciones financieras y responsabilidades sobre la deuda, los pacientes hayan continuado expuestos a la incertidumbre sobre sus tratamientos. “No estamos hablando únicamente de la compraventa de una empresa, sino de la salud de miles de personas que confiaron en estos centros para recibir una atención sanitaria”, declara el presidente del Consejo General de Dentistas, Dr. Óscar Castro Reino.
Un rescate de 40 millones de euros que sigue sin explicarse
Cabe recordar que, en 2022, Vivanta recibió 40 millones de euros procedente del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI. Una operación que el Consejo General de Dentistas cuestionó desde el principio, puesto que se desconocen los criterios objetivos que llevaron a considerar estratégica a esta compañía y las razones por las que posteriormente se amplió el plazo de devolución del préstamo hasta 2028.
Los pacientes no pueden asumir las consecuencias del fracaso empresarial
El Consejo General de Dentistas considera que esta situación demuestra, una vez más, la necesidad urgente de establecer mecanismos que protejan eficazmente a los ciudadanos cuando una clínica dental cierra o deja de prestar los tratamientos contratados. Asimismo, insiste en que es imperativo aprobar una ley de publicidad sanitaria que impida campañas comerciales agresivas o engañosas y refuerce la protección de los ciudadanos frente a prácticas que puedan anteponer criterios mercantiles a los sanitarios.
“Llevamos años advirtiendo de que la Odontología es una profesión sanitaria y de que la salud de las personas no puede tratarse como un simple producto de consumo. No cuestionamos ningún modelo empresarial que cumpla la legislación y respete los derechos de pacientes y profesionales. Lo que no podemos aceptar es que el riesgo de una actividad empresarial termine trasladándose a quienes ya han pagado por recibir un tratamiento sanitario”, afirma el Dr. Castro.
Recomendaciones para los pacientes afectados:
-Conservar toda la documentación relacionada con el tratamiento: presupuesto, contrato, facturas y justificantes de pago, financiación, consentimientos informados, resguardos de citas, mensajes y cualquier otra comunicación recibida.
-Solicitar por escrito y por un medio que permita acreditar su envío información concreta sobre la continuidad del tratamiento y pedir una copia completa de la historia clínica, incluidas radiografías y pruebas diagnósticas. Si se impide o dificulta el acceso, puede reclamarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y la autoridad sanitaria competente.
-Si el tratamiento se financió mediante un crédito vinculado, reclamar de forma acreditable frente al prestador y comunicar inmediatamente la situación a la entidad financiera. El artículo 29 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, reconoce al consumidor, cuando concurren sus requisitos, la posibilidad de ejercitar frente al prestamista los derechos derivados del incumplimiento del proveedor.
-Si existen cantidades abonadas directamente por prestaciones todavía no realizadas, conservar los justificantes y formular la correspondiente reclamación. Cuando resulte aplicable un procedimiento concursal, deberá atenderse a la información oficial sobre la forma y plazo para comunicar el crédito a la administración concursal.
-Si la interrupción del tratamiento puede comprometer la salud o requiere una actuación que no pueda demorarse, acudir a otro dentista para que valore clínicamente la situación. Es aconsejable solicitar un informe del estado actual y de los tratamientos realizados y pendientes.
-Dirigirse, en función del problema, a las autoridades sanitarias y de consumo y al Colegio Oficial de Dentistas correspondiente. Asimismo, analizar con especial cautela las ofertas de terceras clínicas, entidades financieras, intermediarios o despachos y comprobar antes de firmar sus condiciones clínicas, económicas y jurídicas.
“Desde el Consejo General de Dentistas nos ponemos a disposición de los pacientes y de los profesionales afectados para facilitar, dentro de nuestras competencias, la información y orientación necesarias ante esta situación”, concluye el Dr. Castro.
Consejo General de Colegios de Dentistas de España
Creado en el año 1930, es el Órgano ejecutivo de la Organización Colegial de Dentistas. Entre sus competencias destacan la coordinación de la política general de la Organización Colegial, la ordenación del ejercicio de la profesión, la representación y la defensa de los intereses de sus profesionales, y la promoción del derecho a la salud odontológica de los españoles. Es también competencia del Consejo General la elaboración, desarrollo y actualización del Código Ético y Deontológico estatal de la profesión, así como de la promoción social, científica, cultural y laboral de la Odontología y la Estomatología.
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