La sanidad de Ceuta atraviesa una situación excepcional que ya no puede analizarse únicamente mediante porcentajes de ocupación hospitalaria, cifras de contratación o balances administrativos. Lo que está en juego es la capacidad de un sistema sanitario pequeño, geográficamente aislado y históricamente condicionado por dificultades para captar y retener profesionales de soportar durante semanas un incremento extraordinario de la demanda sin deteriorar la atención que reciben sus ciudadanos y sin quebrar física y emocionalmente a quienes la prestan. Médicos, enfermeras, técnicos, profesionales de Atención Primaria, Urgencias, Emergencias y del Hospital Universitario de Ceuta están sosteniendo una presión asistencial extraordinaria mientras una población de alrededor de 80.000 habitantes contempla con preocupación cómo su principal red de seguridad, la sanitaria, es sometida a una prueba de resistencia para la que difícilmente puede existir capacidad ilimitada.
Conviene empezar por los hechos. La entrada extraordinaria de decenas de miles de personas registrada a finales de julio alteró de manera brusca las necesidades asistenciales de la ciudad. Según los propios datos oficiales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), entre el 31 de julio y el 31 de agosto se realizaron 10.725 asistencias sanitarias a población migrante, una media de 335 cada día. El 60 % fueron atendidas mediante dispositivos de Atención Primaria y el 40 % en Urgencias del Hospital Universitario. Solo el 31 de julio se alcanzó un pico de 1.149 asistencias en una jornada. En las Urgencias hospitalarias se registró durante ese mes un incremento medio de 77 atenciones diarias respecto a 2025. Son cifras oficiales y, por sí mismas, permiten comprender la magnitud de la tensión añadida que ha tenido que absorber el sistema.
INGESA sostiene, sin embargo, que el sistema ha podido responder. El organismo afirma que ha contratado a más de 100 profesionales para apoyar Urgencias y Atención Primaria, que se han creado circuitos asistenciales diferenciados y que la actividad ordinaria destinada a la población ceutí se ha mantenido. También señala que durante agosto la ocupación media global de camas del Hospital Universitario se situó alrededor del 50 % y que la presión asistencial comenzó a descender conforme se desplegaron alojamientos y dispositivos sanitarios externos. Estos datos deben formar parte del análisis porque la realidad sanitaria no se puede construir seleccionando únicamente las cifras que confirman una determinada tesis.
Pero tampoco puede confundirse tener camas disponibles con disponer de un sistema sanitario desahogado. Un hospital no funciona con camas: funciona con profesionales. Una cama vacía no atiende a un paciente, no realiza un triaje, no administra medicación, no interpreta una prueba diagnóstica, no vigila una evolución clínica ni entra en un quirófano. Por eso el debate sobre Ceuta no puede reducirse a discutir si el porcentaje de ocupación permite técnicamente utilizar o no la palabra “colapso”. Existe una cuestión mucho más importante desde el punto de vista sanitario: si los recursos humanos disponibles son suficientes para soportar de manera mantenida la actividad extraordinaria y la ordinaria sin comprometer las condiciones laborales, la continuidad asistencial y la seguridad del paciente.
Y en este punto las organizaciones que representan directamente a los profesionales llevan semanas lanzando advertencias muy serias. El Colegio Oficial de Médicos de Ceuta ha reclamado refuerzos, una respuesta sanitaria extraordinaria y una mayor coordinación institucional. Su presidente, Enrique Roviralta, trasladó incluso al Defensor del Pueblo la preocupación de los médicos por la situación asistencial y por la presión ejercida sobre el único hospital de la ciudad. El Defensor del Pueblo admitió posteriormente la queja y abrió actuaciones para recabar información. El Colegio ha descrito repetidamente cansancio, prolongación de jornadas y dificultades estructurales para disponer de facultativos suficientes en una ciudad considerada de difícil cobertura.
El diagnóstico de los médicos no ha quedado aislado. El Colegio Oficial de Enfermería de Ceuta ha reclamado actuaciones inmediatas frente a la saturación de las plantillas, la precariedad y la falta de profesionales. La organización ha advertido expresamente de que el esfuerzo de los sanitarios no puede continuar compensando indefinidamente las carencias de personal y planificación. También ha pedido reforzar la vigilancia epidemiológica, mejorar la coordinación de las campañas de vacunación y disponer de mayores recursos extraordinarios ante eventuales brotes infectocontagiosos.
La Enfermería ha planteado además dudas concretas sobre los refuerzos anunciados. A finales de agosto, el Colegio pidió al INGESA que aclarase el destino de parte de las 28 enfermeras que, según Sanidad, se habían incorporado como refuerzo, afirmando que la organización tenía localizadas nueve en Urgencias y tres en el Centro de Salud de Otero. Ese desacuerdo acerca de dónde y cómo se materializan las incorporaciones evidencia uno de los problemas esenciales de cualquier emergencia sanitaria: no basta con anunciar efectivos; resulta imprescindible saber en qué servicios trabajan, durante cuánto tiempo, con qué categoría y hasta qué punto incrementan realmente la capacidad asistencial disponible.
También SATSE Ceuta ha reclamado un plan sanitario extraordinario, aumento de plantillas y recursos adicionales, vinculando la situación actual a un problema previo y bien conocido: la dificultad para atraer profesionales sanitarios cualificados a la ciudad. El sindicato recuerda que determinados puestos están reconocidos como de difícil cobertura y reclama medidas que hagan realmente atractiva su ocupación. Es una cuestión crucial porque una emergencia puede actuar como detonante, pero las consecuencias son mucho mayores cuando impacta sobre una estructura que ya tenía dificultades para cubrir determinados puestos.
La preocupación ha trascendido además el ámbito local. El presidente de la Organización Médica Colegial y del Foro de la Profesión Médica, Tomás Cobo, se desplazó a Ceuta para respaldar a los profesionales y conocer directamente la situación. La Real Academia Nacional de Medicina de España ha advertido también de la necesidad de abordar lo sucedido desde criterios de salud pública, señalando aspectos como el riesgo asociado a enfermedades transmisibles, el hacinamiento, la extraordinaria demanda asistencial y la necesidad de valorar conjuntamente los recursos sanitarios existentes.
Nada de esto significa convertir a la población migrante en responsable de una crisis sanitaria. Hacerlo sería además de injusto, médicamente absurdo. Las personas que llegaron a Ceuta en condiciones de extrema vulnerabilidad necesitan asistencia, alimentación, higiene, alojamiento, vacunación cuando corresponda y seguimiento sanitario. La protección de su salud forma parte precisamente de la protección de la salud pública del conjunto de la ciudad. El verdadero debate sanitario es otro: un incremento extraordinario de población y de necesidades asistenciales exige inevitablemente un incremento extraordinario de recursos. Pretender absorber una situación excepcional utilizando fundamentalmente la elasticidad de las plantillas existentes equivale a convertir el sacrificio profesional en una infraestructura sanitaria más. Y los profesionales no son una infraestructura inagotable.
La evidencia científica es especialmente clara en este punto. La Organización Mundial de la Salud para Europa ha advertido en 2026 de que una dotación insuficiente de enfermería aumenta los riesgos para los pacientes y simultáneamente incrementa el estrés, los problemas de salud y el abandono profesional entre las propias enfermeras. La OMS define una dotación segura no simplemente como disponer de personal, sino como contar con el número y la combinación adecuados de profesionales suficientemente formados y apoyados para proporcionar una asistencia segura. La relación entre plantillas insuficientes, agotamiento profesional y seguridad del paciente no es, por tanto, una cuestión corporativa ni una reivindicación laboral aislada: es un problema clínico.
Cuando aumenta de forma sostenida la presión asistencial aparecen riesgos perfectamente conocidos. El primero es la demora. Un profesional puede asumir durante unas horas un volumen extraordinario de pacientes; hacerlo durante días o semanas es otra cuestión. La medicina y la enfermería necesitan tiempo para valorar, decidir, comprobar, registrar y vigilar. Cuando ese tiempo se comprime, disminuye el margen de seguridad. El segundo riesgo es el desplazamiento silencioso de la actividad ordinaria. Incluso aunque formalmente no se suspendan consultas, pruebas o intervenciones, una organización concentrada durante semanas en responder a una emergencia dispone de menos elasticidad para absorber imprevistos, sustituciones, bajas, complicaciones o nuevos aumentos de demanda.
El tercero es el deterioro de la continuidad asistencial. Los pacientes crónicos, las personas mayores, los enfermos pluripatológicos, quienes necesitan controles periódicos, atención domiciliaria o seguimiento continuado dependen especialmente de una Atención Primaria estable. Cualquier sobrecarga mantenida puede reducir el tiempo disponible para prevención, seguimiento y detección precoz. Y estos efectos rara vez se manifiestan de forma espectacular el primer día. Se acumulan lentamente hasta aparecer como descompensaciones, consultas urgentes evitables o enfermedad diagnosticada más tarde de lo deseable.
El cuarto riesgo es quizás el más peligroso para el futuro de Ceuta: perder profesionales precisamente cuando más se necesitan. Un territorio que ya tiene dificultades para captar médicos, enfermeras y determinadas especialidades no puede permitirse convertir la excepcionalidad en una forma habitual de trabajar. El agotamiento profesional no termina cuando acaba una guardia. Puede producir absentismo, bajas, reducción de jornada, abandono de puestos de difícil cobertura y decisiones de traslado. De ahí que proteger a los profesionales no sea un privilegio corporativo: es una política de seguridad sanitaria para la población.
La situación ha alcanzado además un punto extraordinariamente revelador. Desde el 1 de septiembre, siete profesionales de Enfermería del Centro de Salud del Tarajal disponen de acompañamiento de seguridad privada durante determinadas visitas domiciliarias. INGESA ha confirmado oficialmente la medida y explica que fue adoptada tras una evaluación de riesgos y que podrá mantenerse mientras resulte necesaria. Que profesionales sanitarios necesiten protección específica para poder desplazarse a atender a pacientes en sus domicilios demuestra hasta qué punto la emergencia ha desbordado el marco estrictamente asistencial y ha afectado también a las condiciones en las que se presta la atención.
Y en medio de todo ello está la población ceutí, que no debería quedar reducida a una nota al pie de esta crisis. Los ciudadanos tienen derecho a exigir que su hospital, sus centros de salud, sus profesionales y sus servicios de emergencias continúen teniendo capacidad suficiente para atenderles. Esa preocupación no convierte a Ceuta en una sociedad insolidaria ni debe enfrentarse al derecho a la asistencia de las personas migrantes. Ambos derechos son compatibles únicamente cuando las Administraciones proporcionan los recursos extraordinarios que exige una situación extraordinaria.
Los ceutíes saben además mejor que nadie que su situación geográfica hace diferente su sistema sanitario. Ceuta no dispone de una red de hospitales próximos a los que redistribuir con facilidad centenares de pacientes. Su principal infraestructura hospitalaria es el Hospital Universitario de Ceuta y las derivaciones complejas implican necesariamente la Península. Esa realidad convierte la resiliencia de su sistema sanitario en una cuestión especialmente sensible. El Sistema Nacional de Salud puede funcionar como una gran red, pero para un ciudadano enfermo la sanidad empieza siempre en el centro de salud al que puede acudir, en la ambulancia que llega cuando la necesita y en el hospital capaz de atenderlo cuando algo grave sucede.
Antes de esta emergencia, además, Ceuta no presentaba malos resultados en todos sus indicadores. Al cierre de 2025, los datos oficiales de INGESA situaban la espera quirúrgica media en 94 días frente a 121 del conjunto del Sistema Nacional de Salud y la espera para una primera consulta hospitalaria se había reducido de 82,8 a 71,8 días. Sería intelectualmente deshonesto afirmar que la sanidad ceutí estaba previamente destruida cuando esos indicadores muestran una realidad más compleja. Precisamente por eso la prioridad debe ser impedir que una emergencia extraordinaria termine erosionando lo que funcionaba y agrave aquello que ya presentaba debilidades estructurales.
Las Administraciones pueden discutir si técnicamente debe hablarse de “colapso”, “saturación”, “sobrecarga” o “presión extraordinaria”. Los profesionales pueden responder que la realidad que viven al otro lado de las estadísticas es mucho más dura. Pero existe un hecho difícil de discutir: durante un solo mes el sistema sanitario ceutí tuvo que absorber más de diez mil asistencias adicionales relacionadas con una población que no formaba parte de su demanda habitual, mientras continuaba atendiendo a los residentes de la ciudad. Y para responder a ello fue necesario contratar más de un centenar de profesionales, desplegar dispositivos extraordinarios, establecer circuitos específicos y reforzar incluso la seguridad de parte del personal sanitario. Eso, independientemente del término político utilizado para describirlo, constituye una crisis sanitaria extraordinaria.
Ceuta necesita ahora algo más que tranquilizar a la población mediante estadísticas y algo más que denunciar el desastre desde posiciones maximalistas. Necesita planificación. Necesita profesionales suficientes y contratos capaces de atraerlos y retenerlos. Necesita garantizar el descanso de quienes llevan semanas sosteniendo la asistencia. Necesita una Atención Primaria fuerte que impida que toda nueva presión termine llegando al hospital. Necesita vigilancia epidemiológica, prevención, vacunación cuando esté indicada y unas condiciones dignas para las personas vulnerables que permanecen en la ciudad. Y necesita mecanismos extraordinarios de apoyo estatal que puedan activarse rápidamente si vuelve a producirse un incremento brusco de la demanda.
Sobre todo, Ceuta necesita que nadie confunda la entrega de sus sanitarios con la fortaleza ilimitada del sistema. Médicos, enfermeras, técnicos, auxiliares, celadores, personal de Emergencias y el resto de profesionales han demostrado precisamente durante esta crisis de qué está hecho un servicio público cuando las circunstancias se vuelven extremas. Han seguido atendiendo. Han prolongado esfuerzos. Han sostenido simultáneamente la asistencia ordinaria y una demanda extraordinaria. Ese comportamiento merece reconocimiento, pero el reconocimiento sin recursos acaba convirtiéndose en retórica.
Un sistema sanitario no debería funcionar gracias al heroísmo permanente. Cuando necesita continuamente que sus profesionales hagan más de lo razonable para mantenerlo en pie, el problema deja de ser individual y se convierte en estructural. Ceuta no puede esperar a que falten más médicos, a que se marchen enfermeras, a que aparezca un brote epidemiológico o a que una nueva emergencia encuentre exhaustos a quienes tendrán que afrontarla.
La población ceutí tiene derecho a exigir respuestas antes de llegar a ese punto. Y los profesionales sanitarios tienen derecho a no ser utilizados como el último muro de contención de una crisis cuya dimensión supera ampliamente sus competencias y sus fuerzas. Defenderlos es defender la sanidad de Ceuta. Reforzarlos es proteger a todos sus habitantes, hayan nacido allí o hayan llegado en circunstancias desesperadas. Ignorar sus advertencias porque determinados indicadores administrativos todavía resisten sería uno de los errores más graves que pueden cometerse en gestión sanitaria.
Porque el verdadero colapso no empieza necesariamente el día en que no queda una cama libre. Empieza mucho antes: cuando el sistema necesita consumir a sus profesionales para seguir pareciendo normal. Y Ceuta no puede permitirse descubrir dónde está ese límite cuando ya sea demasiado tarde.
