El pacto en materia sanitaria incluye una inversión adicional de 500 millones anuales, refuerzo de plantillas con 1.500 nuevos profesionales y medidas para reducir listas de espera mediante actividad extraordinaria y colaboración público-privada
El acuerdo de gobierno suscrito por PP y Vox en Extremadura sitúa la sanidad como uno de los ejes prioritarios de la futura legislatura, con un paquete de medidas que combina más financiación, refuerzo de plantillas, incentivos para captar profesionales y un plan de infraestructuras sanitarias con especial atención a las zonas con mayor déficit asistencial. El documento del pacto en el que se detallan las bases también incorpora actuaciones en el ámbito sociosanitario y cambios en salud pública vinculados al etiquetado de alimentos.
La principal promesa económica del pacto pasa por una dotación presupuestaria adicional de 500 millones de euros anuales a partir de 2026, una cuantía que, según el texto, quedaría consolidada en los presupuestos posteriores. El objetivo declarado es impulsar un «plan integral de mejora del sistema sanitario de Extremadura» para reforzar la calidad asistencial, reducir las listas de espera, optimizar recursos y garantizar una atención accesible y de calidad.
Entre las medidas más inmediatas figura la puesta en marcha de campañas quirúrgicas extraordinarias, la ampliación de horarios, las derivaciones coordinadas y la colaboración público-privada, todo ello con el horizonte de estar activado antes de que termine 2026. El acuerdo plantea así una estrategia de choque frente a la demora asistencial, uno de los problemas recurrentes del sistema sanitario extremeño.
El pacto también prevé un plan cuatrienal para contratar 1.500 profesionales más en el Servicio Extremeño de Salud (SES). A esa ampliación de plantilla se suman incentivos retributivos para áreas de difícil cobertura y para tutores MIR, con mejoras en el complemento específico ligadas a la permanencia en la misma plaza. La intención de ambas formaciones es reforzar la estabilidad de los equipos y mejorar la cobertura en los destinos con mayores dificultades para retener personal.
En paralelo, el documento recoge la equiparación salarial progresiva entre trabajadores del SEPAD y de los servicios sociales con la misma categoría sanitaria que los profesionales del SES, una medida que arrancaría con los primeros presupuestos de la legislatura y que tendría sus primeros avances en 2027. El acuerdo justifica esta decisión en la necesidad de corregir diferencias retributivas que, según el texto, dificultan la cobertura de determinados puestos.
Otro de los compromisos incluidos es la elaboración de un plan de infraestructuras sanitarias, orientado a mejorar la capacidad asistencial, reducir tiempos de atención y prestar un servicio más eficiente, con criterios de equidad territorial, eficiencia y sostenibilidad. El texto subraya que esta planificación deberá atender de forma especial a las áreas con mayor déficit asistencial.
El apartado sanitario del acuerdo se extiende además al ámbito de la atención a la dependencia y los cuidados de larga duración. En este punto, PP y Vox apuestan por incrementar las plazas en residencias y centros de día, elevar el presupuesto destinado a estos recursos y ampliar la concertación de los servicios del MADEX, con el objetivo de reforzar la atención a las personas mayores. Las primeras medidas, según el documento, deberían llegar antes de finales de 2026.
Junto a estas medidas asistenciales y sociosanitarias, el pacto incorpora una modificación de la Ley de Salud Pública de Extremadura para endurecer el control del etiquetado de productos extranjeros, garantizando el cumplimiento estricto del Reglamento europeo 1169/2011 sobre la indicación del país de origen o lugar de procedencia de los alimentos cuando su omisión pueda inducir a error o cuando el origen del ingrediente principal no coincida con el del producto. El acuerdo prevé que esta reforma se desarrolle a lo largo de 2027.
En conjunto, el bloque sanitario del pacto entre PP y Vox dibuja una hoja de ruta centrada en el aumento del gasto, la reducción de esperas, el refuerzo del SES y la mejora de la cobertura territorial, al tiempo que incorpora decisiones de calado en política sociosanitaria y en salud pública alimentaria. Quedará por ver, una vez constituido el nuevo Ejecutivo, cómo se concreta la financiación comprometida y cuál es el grado de ejecución real de unos compromisos que, en varios casos, fijan 2026 como fecha clave para sus primeros desarrollos.
