Un estudio revela las limitaciones del sistema Disclosure UK, que dificulta rastrear parte de los pagos de la industria a profesionales y organizaciones sanitarias
La relación entre la industria farmacéutica y los profesionales sanitarios es una realidad latente en los sistemas de salud modernos. En Reino Unido, la situación no es diferente. Las empresas financian investigaciones, consultorías y otras actividades relacionadas con la atención sanitaria. Aunque no ilegales, estas relaciones económicas pueden generar conflictos de intereses y, por eso mismo, deben ser conocidas y examinadas por el público. Más aún teniendo en cuenta que un reciente análisis publicado en BMJ Evidence-Based Medicine ha determinado que el sistema británico de transferencia de pagos, conocido como Disclosure UK, “presenta importantes limitaciones y no permite conocer con suficiente claridad el alcance real de estas relaciones financieras”.
Según los autores del estudio, Disclosure UK ofrece sólo una visión parcial de esta realidad. Algunos pagos aparecen registrados con nombres diferentes o difíciles de identificar, otros se agrupan sin especificar quién recibe exactamente el dinero, y existen relaciones económicas que quedan fuera de las reglas del sistema.
Los investigadores describen esta situación mediante la metáfora de un iceberg. “Una parte de los pagos puede verse y rastrearse, pero otra permanece oculta bajo la superficie”, escriben. “La incertidumbre hace imposible conocer la verdadera dimensión de los vínculos financieros entre la industria y el sistema sanitario”, señalan.
Uno de los mayores agujeros se encuentra en los pagos destinados a investigación. Entre 2015 y 2022, estos pagos representaron la mayor parte del dinero comunicado por las compañías, pero se registraron en grandes cantidades agregadas y sin identificar necesariamente a sus destinatarios. Esto dificulta saber qué profesionales u organizaciones recibieron el dinero y qué relación concreta mantuvieron con las empresas.
El modelo británico, en este sentido, se basa en buena medida en la autorregulación de la industria, es decir, las propias compañías y sus organizaciones representativas quienes establecen buena parte de las reglas y supervisan su aplicación. Además, el organismo encargado de supervisar el sistema carece de poderes de investigación plenamente independientes, lo que dificulta descubrir todos los pagos que no han sido comunicados.
Ante esta situación, los investigadores reclaman una ley de transparencia obligatoria. Su propuesta pasa por abandonar la dependencia de la autorregulación y crear un sistema con reglas precisas, identificadores únicos para los receptores, información sobre la finalidad de los pagos y una cobertura más amplia de las relaciones económicas entre la industria y el sector sanitario. También consideran necesarias sanciones importantes para las empresas que incumplan sus obligaciones. Otros países ya han adoptado medidas similares mediante las llamadas Sunshine Acts.
Así, los investigadores proponen “combinar una mayor transparencia con una reducción de la dependencia de la industria farmacéutica en ámbitos como la formación médica, la elaboración de guías clínicas y el desarrollo de políticas sanitarias”. Aseguran que “la información es necesaria, pero debe formar parte de una estrategia más amplia de protección de la independencia profesional”.
El debate británico plantea así una pregunta que va más allá de Disclosure UK, y es que una base de datos incompleta puede dar una apariencia de transparencia sin realmente ofrecerla. Así lo concluyen los firmantes del estudio: “si el objetivo es proteger a los pacientes y preservar la independencia de las decisiones sanitarias, la transparencia debe ser completa, precisa, accesible y sometida a una supervisión independiente”.
FUENTE: Salud35
