SEMPSPGS, AEV, SEIMC, SEE, SEMES, SEPAR y Fundamed unen fuerzas en un manifiesto que insta a las administraciones y legisladores a comprometerse con la implementación efectiva y el desarrollo de medidas clave como el Plan de Preparación y Respuesta o la Agencia Estatal de Salud Pública
Las principales sociedades científicas vinculadas a la Salud Pública, las infecciones y las urgencias que están implicadas en la respuesta ante crisis sanitarias han unido su voz en un manifiesto para reclamar a las administraciones públicas y al poder legislativo un impulso decidido a las medidas de preparación frente a futuras emergencias. Seis años después del inicio de la pandemia de la COVID-19, los firmantes advierten de que España sigue avanzando de forma «incompleta, lenta y todavía no operativa» en un terreno que consideran esencial para proteger a la población y reforzar la resiliencia del sistema sanitario.
El documento, fechado en abril de 2026, sostiene que la experiencia de la pandemia dejó clara la necesidad de contar con «estructuras sólidas, marcos normativos claros y mecanismos de coordinación eficaces» que permitan anticiparse y responder con agilidad a las crisis sanitarias. Junto a la amenaza de nuevas pandemias, el manifiesto sitúa entre los grandes retos de futuro la resistencia antimicrobiana y el impacto del cambio climático en la salud, especialmente en el ámbito respiratorio.
El documento está firmado por la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS), la Asociación Española de Vacunología (AEV), la Sociedad Española de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (SEIMC), la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), la Sociedad Española de Medicina de Emergencias y Urgencias (SEMES), la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y el comité científico de Fundamed representado por Ángel Gil, catedrático de medicina preventiva y salud pública de la Universidad Rey Juan Carlos, y José María Martín Moreno, catedrático de medicina preventiva y salud pública de la Universidad de Valencia.
Tres ámbitos
Las entidades firmantes ponen el foco en tres grandes áreas que, a su juicio, siguen pendientes de un desarrollo real. La primera es el Plan Estatal de Preparación y Respuesta, que tras pasar por audiencia pública en 2025 continúa sin aprobarse en Consejo de Ministros. Para las sociedades, el problema no es solo formal: además de aprobarlo, reclaman que se haga operativo, con coordinación estatal efectiva, interoperabilidad con las comunidades autónomas, calendarios, indicadores y simulacros que permitan comprobar que el sistema está realmente preparado para responder a una emergencia sanitaria.
El segundo ámbito es el del marco regulatorio. El manifiesto alerta de que aspectos clave como las reservas estratégicas, la logística y la cadena de suministro, la interoperabilidad de los sistemas de información o la capacidad de escalado asistencial requieren un mayor desarrollo normativo. A ello, añade la necesidad de asegurar la continuidad asistencial y la protección de los pacientes vulnerables y crónicos, para evitar que, en una situación de crisis, el sistema sanitario deje de atender adecuadamente a quienes más dependen de él.
La tercera gran exigencia es la puesta en marcha efectiva de la Agencia Estatal de Salud Pública en 2026. Aunque recuerdan que la Agencia ya ha sido creada por ley, denuncian que su operativización sigue bloqueada por retrasos en la aprobación de su Estatuto, la constitución de su Consejo Rector, la designación de su dirección y la definición de su sede. Esa demora, advierten, está limitando el despliegue de una estructura que consideran clave para la gobernanza, la vigilancia y la coordinación en salud pública.
Además, el manifiesto concreta un llamamiento institucional con varias demandas. Entre ellas, reclama aprobar definitivamente el Plan Estatal de Preparación y Respuesta en los próximos seis meses y garantizar su carácter operativo mediante simulacros periódicos, evaluación independiente y mecanismos de seguimiento público. También, pide desarrollar un marco normativo «completo y coherente» que refuerce la seguridad jurídica del sistema y garantice capacidades estratégicas en ámbitos como la autonomía y reserva de suministros, la vigilancia y prevención, la I+D+i, la distribución, las infraestructuras, la coordinación, la equidad y la capacitación. Los firmantes añaden que esa arquitectura debe asentarse sobre una financiación «estable y plurianual».
En paralelo, las sociedades exigen acelerar la implementación de la Agencia Estatal de Salud Pública «para que sea una realidad en 2026», con recursos, estructura y funciones suficientes. También, reclaman reforzar la coordinación institucional y la colaboración con la comunidad científica y con los agentes del sistema sanitario, así como una gobernanza intersectorial que incluya salud pública, asistencia sanitaria, protección civil, servicios sociales, ámbito local, laboratorios y cadena logística.
El aviso de Europa
El texto introduce además una advertencia de contexto europeo. Cita un reciente dictamen del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el refuerzo del Mecanismo de Protección Civil de la UE y del marco de preparación y respuesta sanitaria, que detecta carencias en la definición del valor añadido europeo, ausencia de objetivos medibles, riesgos de doble financiación y falta de claridad en la trazabilidad de los recursos. Para los firmantes, esa experiencia debería servir de aviso para que España refuerce su propia gobernanza, clarifique competencias, mejore la evaluación y asegure una financiación transparente y sometida a rendición de cuentas.
En su cierre, el manifiesto subraya que la preparación ante emergencias sanitarias no es un debate técnico menor, sino «un pilar esencial» para proteger la salud de la población, reforzar la resiliencia del sistema sanitario y garantizar la estabilidad social y económica. Por ello, las entidades reclaman avanzar hacia un sistema «sólido, coordinado y plenamente operativo», capaz de anticipar y afrontar con eficacia cualquier amenaza, presente o futura, desde un enfoque de riesgo integral o «all-hazards» que promueve la OMS.
