La decisión es difícil de justificar y todavía más difícil de explicar a los pacientes. La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos ha rechazado la financiación pública de lecanemab y donanemab, dos tratamientos destinados a personas con enfermedad de Alzheimer en fases iniciales. La resolución, adoptada el pasado 15 de julio, no es una simple discrepancia administrativa sobre el precio de dos medicamentos. Es una decisión con profundas consecuencias clínicas, sociales y éticas.
Lecanemab y donanemab podrán utilizarse en España, pero quedarán fuera del Sistema Nacional de Salud. Los pacientes que cumplan los criterios médicos solo podrán acceder a ellos en el ámbito privado. Es decir, si pueden pagarlos. Quien tenga recursos económicos podrá intentar ralentizar el avance de su enfermedad. Quien no los tenga deberá resignarse. Ese no puede ser el modelo de sanidad pública que queremos.
El Sistema Nacional de Salud nació para evitar que el acceso a un tratamiento dependiera del lugar de residencia o de la cuenta bancaria. Sin embargo, esta decisión abre una brecha que golpeará precisamente a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. No estamos hablando de un producto de comodidad ni de una terapia destinada a mejorar aspectos secundarios de la vida. Estamos hablando del alzhéimer.
Esta enfermedad neurodegenerativa destruye poco a poco la memoria, la autonomía, la capacidad de decisión y, en último término, la identidad de quien la padece. También transforma por completo la vida de las familias. Cada diagnóstico introduce miedo, incertidumbre, dependencia, renuncias laborales y un enorme agotamiento físico y emocional. Son miles de horas de cuidados que casi nunca aparecen en los balances económicos utilizados para decidir si un medicamento resulta rentable.
El alzhéimer no lo sufre únicamente el paciente. Lo sufre toda la familia. Por eso resulta imprescindible escuchar a quienes conocen la enfermedad desde las consultas, los hospitales, la investigación y la convivencia diaria con los afectados.
La Sociedad Española de Neurología ha expresado su profundo pesar por la negativa a financiar ambos medicamentos. No es una reacción improvisada ni una defensa acrítica de cualquier innovación farmacológica. La SEN agrupa a los profesionales que diagnostican y tratan las enfermedades neurológicas. Sus especialistas conocen los beneficios de estas terapias, pero también sus limitaciones y riesgos.
Los neurólogos no están pidiendo que se administren estos medicamentos sin controles. Tampoco reclaman una especie de barra libre terapéutica. Solicitan que los pacientes seleccionados conforme a criterios científicos puedan acceder a los tratamientos dentro del sistema público. Esa diferencia es fundamental.
Lecanemab y donanemab no curan el alzhéimer. Conviene decirlo con claridad. Tampoco revierten el deterioro ya producido, devuelven la memoria perdida ni permiten regresar al momento anterior a la enfermedad. Pero han demostrado que pueden ralentizar su progresión en determinados pacientes con deterioro cognitivo leve o demencia leve y con presencia confirmada de patología amiloide.
Hasta ahora, la mayor parte de los tratamientos disponibles se dirigían fundamentalmente a aliviar los síntomas. Estos dos medicamentos actúan sobre uno de los procesos biológicos asociados a la enfermedad. Son anticuerpos monoclonales dirigidos contra el beta-amiloide acumulado en el cerebro. Representan un cambio de etapa. No son la meta definitiva, pero sí un primer paso en una dirección nueva.
Los primeros pasos científicos suelen ser imperfectos, costosos y complejos. Incluso pueden resultar decepcionantes para quienes esperan una curación inmediata. Pero eso no los convierte en irrelevantes. En una enfermedad que avanza sin detenerse, retrasar el deterioro tiene valor. Y tiene mucho valor.
Unos meses adicionales de autonomía pueden permitir que una persona continúe viviendo en su casa, mantenga sus rutinas y conserve durante más tiempo la capacidad de vestirse, comer o desplazarse sin ayuda. Puede significar más conversaciones con los hijos, más decisiones propias y más tiempo compartido con cierta normalidad. Medir ese periodo únicamente mediante porcentajes o escalas clínicas corre el riesgo de ocultar su verdadera dimensión.
Para un despacho administrativo pueden ser unos meses. Para una familia pueden representar el último verano en el que su ser querido siga reconociéndola.
Los beneficios de estos medicamentos son moderados. La evaluación española lo ha subrayado y no debe ocultarse. También existen riesgos relevantes, especialmente las alteraciones en las pruebas de imagen relacionadas con el amiloide, conocidas como ARIA. Estas pueden manifestarse como edema o pequeñas hemorragias cerebrales y, en determinados casos, producir complicaciones graves.
Precisamente por ello, el tratamiento exige una selección rigurosa de los pacientes. Requiere confirmación de la presencia de amiloide, estudios genéticos en determinados casos, resonancias magnéticas periódicas y seguimiento por equipos especializados. Pero esa complejidad no constituye un argumento para excluirlo de la sanidad pública. Es un argumento para organizar adecuadamente su utilización.
La Agencia Europea de Medicamentos ha evaluado el balance entre los beneficios y los riesgos. La autorización europea se ha limitado a grupos concretos de pacientes y ha excluido a quienes presentan perfiles genéticos asociados a una mayor probabilidad de sufrir efectos adversos graves. No se está proponiendo, por tanto, una administración indiscriminada.
La Fundación Pasqual Maragall valoró la autorización europea de donanemab como un paso relevante en la lucha contra la enfermedad. Lo hizo sin presentar el medicamento como una cura milagrosa y recordando que está dirigido a pacientes en fases iniciales y con patología amiloide confirmada. Esa es la actitud responsable: esperanza basada en la evidencia, innovación acompañada de vigilancia y acceso condicionado por criterios clínicos.
También la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias, CEAFA, ha rechazado la decisión. La organización considera injustificable dejar fuera de la financiación pública los primeros tratamientos capaces de retrasar la evolución de la enfermedad. La voz de los pacientes y de sus familias no puede quedar reducida a una nota al pie en los informes de evaluación económica.
Durante años, las personas con alzhéimer han escuchado el mismo mensaje: no existe un tratamiento capaz de modificar el curso de la enfermedad. Ahora aparece una primera posibilidad. Es limitada, pero es real. Y la respuesta de la Administración consiste en cerrar la puerta pública y dejar abierta únicamente la privada. Resulta desolador.
La negativa coloca además a los neurólogos ante un grave dilema ético. Tendrán que informar a algunos pacientes de que existe un medicamento autorizado que podría ofrecerles un beneficio, pero después deberán explicarles que no pueden recibirlo en el hospital público. Podrán acceder a él si lo pagan. La ciencia determinará quién puede ser candidato, pero será finalmente la cuenta corriente la que decida quién termina tratándose.
Esa situación rompe el principio de equidad y erosiona la confianza en el sistema. Una sanidad pública no puede considerar aceptable que dos pacientes con la misma enfermedad, el mismo pronóstico y los mismos criterios clínicos reciban opciones distintas únicamente porque uno puede pagar y el otro no.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas pueden alegar razones económicas. Es legítimo analizar el precio y es obligatorio valorar la relación entre coste y beneficio. Los recursos públicos no son infinitos y cualquier decisión de financiación debe estar respaldada por criterios rigurosos. Pero gestionar no consiste únicamente en decir que no. También significa negociar y buscar soluciones.
Existen acuerdos de riesgo compartido, modelos de pago por resultados y programas de acceso condicionado. Se pueden establecer registros nacionales, limitar inicialmente el tratamiento a centros acreditados, evaluar los resultados en la práctica clínica, revisar los precios y definir criterios estrictos de continuación o retirada. Existen herramientas suficientes para evitar tanto el rechazo absoluto como la incorporación sin condiciones.
Lo que resulta inadmisible es que la única respuesta sea dejar los medicamentos fuera del Sistema Nacional de Salud. Defender su financiación no significa aceptar cualquier precio planteado por las compañías farmacéuticas. Significa exigir una negociación seria a todas las partes.
La decisión tampoco puede analizarse observando únicamente el precio del medicamento. El alzhéimer tiene un coste sanitario, familiar y social enorme. Buena parte permanece oculto porque recae sobre cuidadores no profesionales, especialmente mujeres. Retrasar la dependencia puede reducir hospitalizaciones, institucionalizaciones, bajas laborales y necesidades intensivas de cuidados.
No todo el beneficio aparece inmediatamente en el presupuesto farmacéutico, pero existe. El error consiste en colocar el precio de la terapia en una columna y el coste de la enfermedad en otra, como si no estuvieran relacionados. Lo están, y mucho.
La SEN ha advertido además de otra consecuencia. La incorporación de estos tratamientos obligaría a modernizar la atención al alzhéimer. Haría necesario mejorar el diagnóstico precoz, ampliar la disponibilidad de biomarcadores, reforzar las unidades de deterioro cognitivo y coordinar neurología, radiología, medicina nuclear, atención primaria y servicios de farmacia.
Todo ello exige inversión, pero también fortalece el sistema. España ya ha vivido procesos parecidos con la llegada de tratamientos innovadores para el ictus, la esclerosis múltiple o la migraña. Al principio aparecieron dudas, costes y dificultades organizativas. Después llegaron nuevas unidades, mejores protocolos y profesionales más formados. El beneficio terminó extendiéndose más allá de los pacientes que recibían cada medicamento.
Con el alzhéimer podría suceder lo mismo. Negarse a financiar estas terapias no solo priva a determinados pacientes de una opción. También retrasa la transformación de un modelo asistencial que continúa llegando demasiado tarde a muchos diagnósticos. Y el tiempo, en esta enfermedad, es decisivo. Cuando se pierde la ventana terapéutica, no regresa.
La decisión de la Comisión Interministerial de Precios se produce después de que los tratamientos hayan recibido autorización europea. Aprobar un medicamento no obliga automáticamente a financiarlo, porque son procesos diferentes. Pero cuando la autoridad reguladora europea concluye que existe un grupo de pacientes en el que el balance entre beneficio y riesgo es favorable, la respuesta española no puede limitarse a un portazo.
Debe ofrecerse una explicación pública detallada. Los pacientes tienen derecho a conocer el análisis económico, el impacto presupuestario calculado, las condiciones propuestas durante la negociación y las razones por las que fueron descartadas posibles fórmulas de financiación condicionada. El dinero público exige responsabilidad, pero también transparencia.
Las compañías farmacéuticas también deben asumir su obligación. La innovación no puede utilizarse como excusa para imponer precios inasumibles. Si quieren que sus medicamentos lleguen a los pacientes, deben facilitar acuerdos compatibles con la sostenibilidad del sistema. La industria tiene que negociar de verdad y aceptar mecanismos que vinculen una parte del pago a los resultados obtenidos.
Pero el resultado final de ese conflicto no puede ser que paguen el bloqueo los enfermos. Ellos no fijan los precios, no participan en las reuniones y no redactan los informes. Solo reciben el diagnóstico y comprueban cómo una posibilidad terapéutica autorizada queda fuera de su alcance.
La SEN ha hecho lo que corresponde a una sociedad científica independiente y comprometida. Ha estudiado la evidencia, ha elaborado recomendaciones para el uso apropiado de los tratamientos, ha señalado los riesgos y ha defendido una selección clínica rigurosa. También ha levantado la voz cuando la equidad del sistema se ha puesto en peligro.
Ese trabajo merece reconocimiento. Las sociedades científicas no deben sustituir a las administraciones, pero las administraciones tampoco pueden despreciar el conocimiento de quienes atienden diariamente a los enfermos. Escuchar a los profesionales no debilita las decisiones públicas. Las mejora.
Sanidad y las comunidades autónomas todavía pueden rectificar. La próxima revisión no debería convertirse en otra ceremonia administrativa con el mismo resultado escrito de antemano. Debe abrirse una negociación real, con criterios clínicos estrictos, centros acreditados, seguimiento obligatorio, registros de resultados y precios razonables.
La prudencia científica es necesaria. La parálisis política, no. Nadie debe vender falsas esperanzas, pero tampoco se puede arrebatar una esperanza razonable simplemente porque no sea perfecta.
Lecanemab y donanemab no son la cura definitiva. Son el comienzo de una nueva etapa. Cerrarles la puerta pública significa condenar a España a llegar tarde a la transformación del tratamiento del alzhéimer.
Y significa algo todavía peor: decirles a los pacientes que existe una oportunidad, pero que solo estará al alcance de quienes puedan pagarla. Eso no es equidad. Eso no es universalidad. Y eso no debería llamarse sanidad pública.
